La controversia en torno al llamado “Pacto de Ilo”, documento suscrito entre Perú y Bolivia que otorga a este último la posibilidad de instalar en el puerto peruano una escuela de la Armada boliviana, resurge tras realizarse en la víspera un intercambio de notas diplomáticas por parte de los cancilleres de Perú y Bolivia con el fin de realizar precisiones a dicho acuerdo.
En conversación con EXPRESO, el embajador Eduardo Ponce mostró su preocupación y dijo que “la viabilidad de brindar un espacio para implementar una academia naval de Bolivia bajo el dominio de las Fuerzas Armadas no tiene ningún ingrediente de carácter comercial”.
Apuntó que el Perú ha otorgado a Bolivia, a lo largo del tiempo, múltiples facilidades, y las últimas y más importantes son las que se concedieron en 1992 con Boliviamar donde –señaló– sí había ese elemento de reciprocidad para el Perú con Puerto Suárez (proyecto de cooperación tripartito entre Bolivia, Perú y Brasil).
Pero en esta segunda oportunidad, siendo mayores las concesiones peruanas, “la reciprocidad no es siquiera simbólica, sino inexistente”. Entonces de ¿qué complementariedad comercial y nuevas posibilidades de inversión estamos hablando?, preguntó el diplomático.
El exvicepresidente de la República y almirante en retiro Luis Giampietri sostuvo que, si bien hasta el momento no se conoce el contenido de las adendas al Convenio de Ilo de 2010, la posibilidad de que se ceda una parte del territorio peruano para prácticas militares de un país extranjero debe ser motivo de preocupación, por lo que el tema no puede dejar de ser supervisado por el Parlamento, que debe evaluar si ratifica el acuerdo.
“No podemos ceder parte de nuestro territorio para una actividad militar porque finalmente ello representa intereses que van a competir con los nuestros”, declaró Giampietri Rojas a EXPRESO, según difundió Erbol.
Por su parte, el excomandante general de la Marina, almirante (r) Alfredo Palacios Dongo sostuvo que estas nuevas precisiones al pacto bilateral deben ser analizadas con detenimiento puesto que en el Protocolo Complementario y Ampliatorio del año 2010 de dicho pacto –suscrito por el entonces presidente Alan García y Evo Morales– no daba lugar que este pudiera ser en algún momento modificado.
En tal sentido consideró que el citado acuerdo debería ser más bien descartado en el Parlamento para dar lugar a uno nuevo, con indicaciones concretas que anulen la posibilidad de que se instalen patrulleras o buques de guerra en nuestras costas, situación que podría poner en riesgo la soberanía nacional.
Desde que en 1992 el Perú le concedió una zona franca a Bolivia en Ilo, el país del Altiplano no ha realizado ningún tipo de inversión en el puerto y así ha sido reconocido por las autoridades de ambos países.
