El presidente Evo Morales ha respaldado el anuncio efectuado por la Gobernación de Potosí de cortar temporalmente el curso de las aguas del Silala, señalando que esta medida no sería una agresión a Chile. Pero recordó, asimismo, que existe un preacuerdo negociado con la señora Bachelet sobre dichas aguas, el cual no se concretó por la oposición de la dirigencia cívica de Potosí. A su vez, el Ministro de Gobierno manifestó que la iniciativa de la Gobernación de Potosí quizás servirá para que haya una reacción en Chile y haga entender a ese país que tiene una responsabilidad con Bolivia respecto al Silala, lo cual daría lugar a la formalización de propuestas serias para “retomar el diálogo en estos temas sentidos”.
Evidentemente la cuestión del Silala debe resolverse de Estado a Estado. Y como bien mencionó el presidente Morales, ya existe un preacuerdo que se lo dejó abandonado y que debería servir de base para una nueva negociación sobre tan importante asunto. Para el efecto, es menester que nuestro Gobierno se ponga de acuerdo con el chileno para convocar a la Reunión de Consultas Políticas para el presente año y, de este modo, el país podría concretar un nuevo acuerdo que permitiría la recepción de un pago justo sobre el usufructo de esas aguas por parte de Chile.
Respecto al preacuerdo, el cual ya tiene tres años de duración, lamentablemente no fue aceptado por muchos cívicos de Potosí, y el Gobierno nacional prefirió diferir su aprobación definitiva. Dos eran los puntos más criticados sobre el particular: el relativo a que el acuerdo pondría en duda la propiedad plena nacional sobre ese acuífero, y el que se haya omitido toda referencia a una supuesta deuda histórica por el uso centenario de esas aguas.
Sobre el primer punto, se debe destacar que subsiste en nuestro país un empecinamiento dogmático de considerar que todas las aguas del Silala pertenecen a Bolivia, lo que había impedido su trato con Chile. Es evidente que gran parte de las aguas que se dirigen al territorio chileno por el canal construido por la empresa del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia son nacionales, pero no se puede negar que algo de ellas habría llegado a ese país en forma natural, aunque no hubiese ese canal artificial. Es necesario tener presente que existen algunos documentos que avalan que el Silala se habría constituido en riachuelo antes de la construcción del canal. El principal de ellos sería el mapa adjunto al Tratado de Paz de 1904, el cual es parte integrante del mismo.
En cuanto al segundo punto, cabe señalar que es un error considerar que Chile debiera pagar por 100 años de usufructo de las aguas. La concesión efectuada a principios del siglo XX por la Prefectura de Potosí para la construcción de un canal en el Silala, desde Bolivia hasta Chile, fue entregada a una empresa británica y no al Gobierno chileno ni a ningún consorcio de ese país. Esa entidad mantuvo el control del Ferrocarril por 100 años, y sólo a principios de los años 90 concluyó su gestión. De allí en adelante, Bolivia y Chile recuperaron la soberanía del mismo, cada uno en el sector de su territorio.
Precisamente en el preacuerdo se estipula cómo se debe considerar la posesión de las aguas del Silala. Indica que el 50% correspondería, inicialmente, al Estado boliviano, el cual “lo podría utilizar en su territorio, o autorizar su captación para su uso por terceros, incluyendo su conducción a Chile”. Luego agrega que ese porcentaje podría ser incrementado a favor de Bolivia, de acuerdo con los estudios que se llevarán a cabo en el futuro.
Si se restablecen las conversaciones de Estado a Estado sobre el Silala, donde se reitere el preacuerdo y se determine un precio justo por sus aguas, no sólo se superaría esta espinosa cuestión que afecta sobre todo al departamento de Potosí, sino que serviría para reanudar los entendimientos bilaterales y, de este modo, ir superando todos los problemas que actualmente están separando a las dos naciones.
