Si bien la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 llamó la atención sobre los derechos políticos y sociales de los pueblos indígenas, el Estado Plurinacional tuvo un importante impulso por las guerras del agua (2000) y del gas (2003), que plantearon una fuerte interpelación social al Estado y sus gobiernos.
Luego de esas tensiones, que afectaron a las administraciones de Hugo Banzer Suárez y Gonzalo Sánchez de Lozada, devino una crisis política que se resolvió sucesivamente con los mandatos de Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez y, tras elecciones generales, Evo Morales.
Sin embargo, los cambios estructurales requirieron de participación social y política más activa a través de la Asamblea Constituyente, que instituyó un nuevo Estado, con regímenes autonómicos, inclusión indígena, redistribución de recursos y control social.
