Los anuncios del Gobierno nacional para ampliar de dos a cinco años la verificación de la Función Económica Social (FES) y el perdonazo por los desmontes ilegales estarían fomentando la ampliación de la frontera agrícola, por parte de productores agroindustriales y ganaderos, principalmente de Santa Cruz, que realizan sus actividades de forma extensiva.
El DS 29062 aprobado en 2008 dispuso una pausa en el cumplimiento de la FES en predios en proceso de saneamiento o reversión y que hubiesen sido afectados por inundaciones a causa del fenómeno de El Niño. Entonces, las condiciones y escenarios eran muy diferentes al actual. Ahora no hubo inundaciones ni otro tipo de desastres naturales que perjudiquen la producción de alimentos.
Se puede decir que el contexto actual es positivo para los grandes productores, con superficies cultivadas y cosechadas sin pérdidas significativas, rendimientos aceptables en los cultivos, volúmenes producidos previstos, precios internacionales favorables, estabilidad macroeconómica, inflación controlada y mayor oferta de créditos que superan los resultados de años anteriores. La superficie cultivada de caña de azúcar, soya, maíz duro, arroz y trigo creció en 8% entre 2006 y 2011 (de 2.689.348 ha a 2.909.614 ha); y para 2012 se estima cosechar 2.999.382 ha. En 2011, las exportaciones de Santa Cruz crecieron en 21,7% con relación a 2010. Siendo esta situación positiva para la región y para el país, no se justifica semejante benevolencia y cesión de parte del Gobierno a favor de dichos sectores.
La Cumbre Social Plurinacional de enero 2012, en Cochabamba, resolvió fortalecer el desarrollo productivo nacional con una visión estratégica compartida público-privada-comunitaria; fomentar la producción agropecuaria de alimentos, priorizando a pequeñas y medianas unidades productivas y fortaleciendo la agricultura familiar; y apoyar el incremento de la productividad agrícola promoviendo iniciativas de investigación e innovación. El Estado debe agilizar y concluir el saneamiento de tierras, titulación y replanteos para beneficiar a pequeños productores, regular por ley el mercado de tierras para establecer el límite a la compra por extranjeros e investigar, y sancionar a los palos blancos. El desalojo de extranjeros de tierras fiscales y de las áreas fronterizas es otro acápite pendiente.
El Gobierno debe cumplir estos acuerdos, considerando que los diferentes actores de la economía plural cumplen un rol importante en la producción de alimentos, pero apoyando más a los productores(as) campesinos indígenas, porque ejercen un rol estratégico para la seguridad alimentaria, produciendo para sí y para el resto de la población boliviana. Además de diseñar un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, con metas a corto, mediano y largo plazo, sobre inversión productiva en todos los niveles del Estado; incremento del área de riego; metas para una mayor productividad agrícola y pecuaria, etc. Estas acciones, entre otras, aportarán a la seguridad y soberanía alimentaria sin necesidad de ampliar la frontera agrícola en desmedro de los bosques y las poblaciones que viven de ellos y en ellos.
