El Gobierno deberá respetar la decisión de las comunidades indígenas del TIPNIS que no quieran ser consultadas, dijo la presidenta del Senado, Gabriela Montaño (MAS). Así, el proceso tendrá que concluir con la cantidad de pueblos que hayan participado.
“Ojalá sea posible hacer la consulta a las 69 comunidades (del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, TIPNIS, pero) si hay un par de comunidades indígenas que se niegan a ser consultadas, también tienen que ser respetadas en su decisión”, señaló.
La asambleísta adelantó que habrá una “constancia” de las comunidades que no quisieron ser consultadas. “Ellos (comunidades que se oponen al proceso) no pueden pretender imponerse sobre el resto de las comunidades que ya fueron consultadas, y creer que su voz está por encima de estas 48 y de las demás que serán consultadas”, explicó Montaño.
Respuesta. La dirigencia indígena que resiste la consulta reprochó la opinión de Montaño. El presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, consideró que el oficialismo efectúa el proceso de acuerdo con sus “reglas” y lejos del marco normativo. “Lo que tengo entendido es que la consulta se debe realizar a todas las comunidades. Si no se consulta a todas, no hay consenso, así el Gobierno realice este proceso como se le antoje”, cuestionó.
El mandatario Evo Morales promulgó la Ley de Ampliación de la Consulta en el parque hasta el 7 de diciembre. Este fue el segundo cambio de plazo, que inicialmente debió fenecer en mayo, y que luego se extendió hasta el 7 de septiembre a pedido del Gobierno.
Montaño cuestionó el accionar de los dirigentes indígenas. Dijo que responden a “pequeños grupos” con fines políticos. “Estos dirigentes están bloqueando a sus propias bases defendiendo intereses particulares. Dos tercios de los pueblos indígenas que habitan en el TIPNIS ya dieron su palabra y llegaron a acuerdos con el Estado”, detalló la asambleísta.
La dirigente indígena Miriam Yubanore afirmó que el Gobierno “fracasó” en la implementación del proceso consultivo.
Justifican contrato de tramo I
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, informó que el contrato con empresas nacionales —una de ellas cocalera— para la construcción del tramo I de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos fue de orden “excepcional”.
“(El contrato) es por excepción, porque ya (la empresa) OAS, antes de la ruptura del contrato, desarrolló varias tareas. Si esas tareas que efectuó OAS las dejamos así, y viene la época de lluvias, la inversión inicial que realizó OAS se va a destruir”, explicó Sánchez a la red Uno.
El Ejecutivo firmó el 6 de octubre con la estatal Empresa Boliviana de Construcción (EBC) y la empresa comunal Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI) un contrato que encamina la construcción de la vía Villa Tunari-Isinuta, tramo inicial que es parte del proyecto carretero que uniría los departamentos de Cochabamba y Beni, atravesando por el medio del TIPNIS. La inversión de la obra es de 32,5 millones de dólares y su longitud es de 47 kilómetros. La oposición cuestionó la adjudicación.
