El megaoperativo anticontrabando del 9 de octubre en Challapata (una “zona roja” a poco más de 100 km de Oruro) ha puesto sobre el tapete de discusión el atávico problema del contrabando que aqueja a Bolivia. La inédita acción conjunta de 1.400 efectivos militares y policiales, con la directa actuación de la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya Vásquez (¡mujer tenía que ser!) dio relevancia al operativo no sólo porque era algo imposible de imaginar por consideraciones de “cálculo político”, sino porque ahora se espera que haya un antes y un después en la lucha contra esta ilegal actividad, que adquirió carta de ciudadanía en la economía, prohijando áreas para estatales en el territorio nacional.
El operativo, llamado Pichay (“limpieza” en quechua), se focalizó en los vehículos “chutos” (indocumentados) descubriéndose 15 garajes que albergaban cientos de estos motorizados con placas y papeles falsos, incautándose además dinero falsificado y droga. Producido el inevitable enfrentamiento, se debió lamentar una media docena de heridos y la muerte de dos civiles, pero pudo ser peor: tres oficiales fueron rescatados por sus camaradas, de la turba que los quería linchar.
Que hubo reclamos (vgr del Defensor del Pueblo) por lo que se consideró un exceso de la fuerza pública es verdad, pero no menos cierto es que la generalidad de la población se mostró más bien impávida e incluso apoyó la acción. La Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, las cámaras Nacional de Despachantes de Aduanas y la Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz no sólo respaldaron sino que felicitaron públicamente a la presidenta de la ANB y al Gobierno por combatir el contrabando, recomendando también concienciar a la población sobre la problemática.
Frente a los reclamos de los pobladores de Challapata, la Ministra de Comunicación dijo que “el Gobierno no retrocederá en su decisión de controlar ese territorio tomado por el contrabando” (ABI, 11/10/2012), y lamentó por televisión el “daño colateral” que produjo el operativo, algo que me hizo pensar.
Daño colateral en una guerra es un daño no intencionado o accidental, y también un eufemismo para el “fuego amigo” en una acción militar (Wikipedia). Si el Gobierno boliviano dice que no cejará en su decisión de enfrentar el contrabando, entonces estamos en guerra, y el término “daño colateral” es correcto.
Las fuerzas del orden no fueron contra los civiles ni la prensa en Challapata, fueron contra los contrabandistas. Ahora bien, ¿no hay ya en una guerra no declarada por parte de éstos últimos? ¿Acaso no son agredidos, secuestrados, torturados y muertos los oficiales del Control Operativo Aduanero? ¿Qué de la vida del Tte. Samuel Encinas Arias, “desaparecido” en 2003 en Sabaya, otra “zona roja” del contrabando? He aquí un daño no colateral…
Si de hablar de daños en esta guerra se trata, consideremos los tributos evadidos por los contrabandistas; el mercado que roban a la producción nacional y al comercio legal; la pérdida de empleos; la afectación a la salud por la venta de alimentos, ropa usada y medicinas contrabandeados; y su concomitancia con el narcotráfico en el “blanqueo de dólares”. De esto deberían ocuparse también los “reclamantes”, quienes, para prevenir sucesos similares, deberían promover la denuncia de los contrabandistas, y a éstos recomendarles que se acojan al arrepentimiento eficaz… ¡mientras haya tiempo!
