El presidente, Evo Morales, propuso hoy por la noche declarar el 17 de octubre como el «Día de la Dignidad Nacional» en homenaje a quienes perdieron la vida entre el 11 y 17 de octubre, durante la denominada «Guerra del Gas» que culminó sólo con huida y renuncia del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
El mandatario planteó esa propuesta durante el acto de conmemoración de los nueve años del 17 de octubre de 2003, día en que Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a la Presidencia, tras la muerte de al menos 60 ciudadanos de El Alto y uno 400 heridos tras enfrentamientos entre civiles y militares. El escenario para el acto fue el teatro Raúl Salmón de la Barra de la ciudad de El Alto.
«El 17 de octubre se escapa el grupo de masacradores, masacra al pueblo, saquearon nuestros recursos, a partir de ese momento, ese proceso tenía otro costo, problemas muy serios, pero como ese día empezó a acabarse la explotación y el saqueo de nuestros recursos naturales, debería declararse el día 17 de octubre como el Día de Dignidad Nacional», propuso Morales.
En esa línea, dijo que el debate, a partir de la fecha, se enfocará si para tal acción será necesaria una ley o un decreto supremo. «Hay que debatir, será decreto será la ley, aquí están ministros, aquí están también asambleístas, pero yo siento que el día 17 de octubre tiene que ser el Día de la Dignidad Nacional», manifestó.
Por otra parte, en una concentración de campesinos, el asambleísta departamental y ex dirigente alteño, Roberto de la Cruz, exigió al Gobierno de Morales cumplir con la agenda de octubre, haciendo énfasis en la nacionalización de los recursos naturales y su respectiva industrialización.
El diputado alteño Lucio Marca (MAS), dijo, por su lado, que este miércoles se llevará adelante una marcha encabezada por la Central Obrera Regional (COR) y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto con dirección a la Embajada de Estados Unidos, en repudio a los actos de octubre de 2003.
En agosto de 2011, el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia condenó a penas de entre tres y 15 años de cárcel a dos ministros y cinco jefes militares del gobierno de Sánchez Lozada por los sucesos de octubre de 2003. Fueron encontrados cupables de los delitos de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta.
