La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Cochabamba, Rosemary Irusta Pérez, cumplirá hoy 20 días en el penal de San Sebastián, donde fue enviada con detención preventiva acusada de estafa agravada.
Al menos un centenar de personas demandan que Irusta —fundadora de la Comunidad María Auxiliadora— les entregue los títulos de propiedad de lotes, de 200 metros cuadrados cada uno, adquiridos a nombre de la comunidad y con aportes de entre $us 700 y $us 1.000 por familia.
Según la denuncia, los terrenos situados en la zona de Sivingani, al sur de la capital cochabambina, no están inscritos a nombre de la comunidad sino al de la activista.
Irusta fue detenida preventivamente en el penal San Sebastián mujeres el 28 de septiembre. Está acusada de estafa agravada por estas personas que viven en la comunidad y demandan el fraccionamiento de los terrenos y el título de propiedad. Rolando Ramos, abogado de los denunciantes, explicó que en 1998, “Irusta pidió dinero para la compra de terrenos. Les dijo de la posibilidad de una propiedad comunitaria colectiva.
Sin embargo, la gente se percató de que las minutas de transferencia y uno de los títulos de propiedad en Derechos Reales está a su nombre y no pertenece a la comunidad María Auxiliadora”, como prometió. La Comunidad María Auxiliadora fue fundada por Irusta el 21 de septiembre de 1999, cuenta con estatutos y reglamentos, pero no tiene personería jurídica, lo que impidió el registro de las tierras a nombre de ese colectivo.
La presidenta de la Comunidad, María Eugenia Véliz, explicó que la organización acogió en ese entonces a más de 250 familias “en una tierra comunal que, por vacíos en la normativa jurídica, está a nombre de Irusta. Firmamos un convenio (con los beneficiarios) en el que aceptan las normas, y entre ellas no se contempla el fraccionamiento”, sostuvo.
Alegatos. Según Véliz, Irusta vendió su casa para comprar el terreno, de 30 hectáreas, en Sivingani, para dar techo propio a madres solteras o familias sin casa. En este lugar se alzan 334 viviendas construidas con el sistema del ayni (ayuda mutua), pasanakus y créditos de Hábitat para la Humanidad-Bolivia.
La gente que reclama los títulos construyó casas de uno, dos y tres pisos con créditos que aún pagan. Su abogado señaló que “según las normas, no puede haber propiedad colectiva en área urbana, y lo peor es se que sigue distribuyendo terrenos de esa manera”. “En la misma zona hay otros lugares que tienen el rótulo de propiedad comunitaria, que dice que la mujer podría vivir con la prevalencia de sus derechos”, añadió.
El proyecto María Auxiliadora
Datos
334 viviendas construidas desde 2000; sistema de agua potable y alcantarillado para 373 familias construidos con créditos a fondo perdido y recursos propios; guardería comunitaria, centro de apoyo escolar, y tres proyectos productivos en marcha.
