El Ministerio de Gobierno anunció este martes que iniciará una proceso penal contra la juez Segunda de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, Iris Justiniano por el delito de prevaricato, presuntamente por haber dejado en libertad irregularmente al asambleísta del MAS, Lucio Vedia.
Según el informe de esta cartera de Estado la denuncia sería por una acción procesal defectuosa de la jueza Justiniano y anuncia un juicio por prevaricato en contra de esa autoridad judicial por haber determinado la libertad de Lucio Vedia, sin cumplir con las normas del debido proceso penal.
La Jueza Justiniano otorgó la libertad a Vedia y alegó que se descartaba el riesgo de fuga y obstaculización de la justicia en el proceso por los delitos de uso indebido de bienes públicos, actitud antieconómica y uso indebido de influencias, del cual el Ministerio de Gobierno es parte querellante.
Para el Ministerio de Gobierno, «la Jueza Justiniano violentó el Código de Procedimiento Penal al no haber hecho llegar una notificación al domicilio legal de esta Cartera de Estado (Avenida Arce, esquina Belisario Salinas No 2409) para la audiencia realizada este martes en horas de la mañana.
Esa actividad procesal defectuosa impidió que el Ministerio de Gobierno se haga presente en la audiencia mencionada para sustentar los argumentos en contra de la decisión que otorgó libertad al ex funcionario público acusado del uso indebido de una camioneta incautada al narcotráfico.
La juez cruceña Iris Justiniano determinó dar procedente la solicitud de cesación a la detención para el ex asambleísta departamental del MAS, Lucio Vedia porque, según la autoridad judicial, ya no existirían riesgos procesales de fuga y de obstaculización a la investigación, mismos que no fueron presentados por las partes acusadoras en la audiencia convocada para la mañana de este martes siendo que fueron notificados.
A la audiencia convocada por el juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, no se hizo presente la parte denunciante, vale decir la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Transparencia, además de los representantes de la Fiscalía pese a ser notificados.
«De acuerdo a lo ordenado por la sala y por el Tribunal Constitucional mi autoridad no puede otra cosa que determinar la cesación a la detención preventiva del imputado, se determina la libertad del imputado bajo medidas señaladas en el artículo 240 a presentación una vez cada 15 días ante el representante del Ministerio Público.
A inasistencia de las partes para observar uno de los elementos, por tanto a mi autoridad no le queda de otra que valorar que dice la defensa dando por cien por ciento aceptado y cierto porque los hechos de observación por parte de quienes deben hacer las observaciones», explicó la autoridad judicial.
