Ante la exclusión del desacato del ordenamiento jurídico, el vicepresidente Álvaro García informó en Argentina que las autoridades del Estado recurrirán a otras figuras legales para defenderse de las falsas acusaciones de los opositores hasta tanto un nuevo Código Penal establezca la tipificación y sanciones para quienes “mientan o injurien a una persona o a una autoridad”.
La autoridad se refirió al fallo del Tribunal Constitucional, que excluyó de la economía jurídica un delito establecido en la dictadura del extinto Hugo Banzer, en la década del 70, en una conferencia de prensa ofrecida en Argentina, poco después de recibir el título Doctor Honoris Causa de parte de la Universidad Nacional de Córdoba.
Legisladores opositores, como Róger Pinto, asilado en la embajada de Brasil, tienen procesos por el hoy anulado delito de desacato. Pinto tiene en su contra seis procesos por desacato; el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, al menos dos; la senadora opositora Eva Gonzáles, una denuncia; la diputada Nórma Piérola, cinco denuncias; además del alcalde Luis Revilla y el ministro de Economía, Luis Arce.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos en Bolivia, Denis Racicot, consideró que “en pro de la defensa de la libertad de opinión, expresión y de prensa” no es aconsejable promover la aprobación de una figura penal similar al desacato y que, por el contrario, los funcionarios públicos deben entender que están expuestos a más críticas por su trabajo en la función pública.
García explicó que las autoridades de Estado apelaron a esa figura -que hasta antes de la sentencia constitucional era legal- para defenderse de acusaciones sin pruebas como que el presidente Evo Morales es un narcotraficante o que el Vicepresidente es un asesino.
“Somos muy respetuosos de la libertar de opinión, de pensamiento y hasta de crítica y de insulto, pero ya actividades difamatorias son delitos”, sostuvo en la conferencia de prensa ante una pregunta respecto a la decisión constitucional.
“De momento nos queda a todos acatar” y a través de “otras figuras legales nos defenderemos de las falsas acusaciones e injurias que han hecho algunos personeros de la oposición”, sostuvo la autoridad, para quien la tarea pendiente de la Asamblea Legislativa es diseñar y aprobar un nuevo Código Penal.
Nuevo instrumento legal que, señaló, “tenga las figuras que en el marco del respeto a la libertad de opinión, en el marco del respeto a la libertad de pensamiento, que impongan la sanción a quienes mientan o injurien a una persona o a una autoridad”.
El desacato, incluída en el artículo 162 del Código Penal, establecía que el que calumnie, injurie o difame a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones “será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años”, peor si se trata del Presidente o Vicepresidente, ministros de Estado, de la Corte Suprema o de una asambleísta.
