Un proyecto piscícola de aprovechamiento de las aguas del manantial Silala, que nace en territorio boliviano y fluye a través de canales artificiales hacia el norte chileno, fue iniciado este sábado según informó la gobernación de Potosí (sur).
El proyecto «va a beneficiar a más de 600 familias en la región» de San Pedro de Lípez, dijo el viernes el gobernador de Potosí, Félix González, antes de partir al cerro Quetena Grande, una zona montañosa a 14 horas de viaje por tierra desde Potosí, a su vez 551 km al suroeste de La Paz.
«En este primer proyecto vamos a producir anualmente alrededor de 5.400 kilogramos de trucha al año», sostuvo.
El inicio de las obras civiles del primero de seis almacenamientos de agua de 10×4 metros, se llevó a cabo este sábado, según dijo la oficina de prensa de la gobernación de Potosí.
De las seis piscinas, cuatro serán destinadas para la crianza de truchas de distintas edades y las otras dos para alevinos, con una capacidad de producción de 28.800 al año.
La decisión de construir en el lugar cuatro infraestructuras para el uso de las aguas del Silala -un sistema de riego, una planta hidroeléctrica, una planta envasadora de agua y la piscifactoría de la trucha- despertó susceptibilidad en Chile, que pidió informes sobre los planes de la gobernación de Potosí.
«Sin dañar, sin lastimar a nadie, haremos el uso de estas aguas en el marco de nuestra soberanía nacional», señaló González.
Las aguas del manantial Silala nacen en Potosí, en el sur boliviano, y están canalizadas desde principios del siglo XX hacia la norteña II Región chilena, que las utiliza gratuitamente desde entonces, lo que es objetado por Bolivia.
Según cálculos de la gobernación boliviana de Potosí, el torrente del Silala, que surte cerca de 205 litros por segundo, se verá mermado en un 30% «mientras se construye y luego continuarán corriendo las aguas por la ruta que los chilenos han diseñado», explicó González.
Los dos países, que carecen de relaciones diplomáticas desde 1978, determinaron a principios de 2011 que Chile pagaría por el consumo de hasta un 50% de las aguas del Silala, mientras se realiza un estudio para establecer el origen de todo el afluente, pero el acuerdo no ha entrado en vigencia.
