Los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) presentarán este martes al presidente Evo Morales el anteproyecto de Ley de Participación y Control Social que, entre otros aspectos, perfila la creación de una especie de suprapoder desde donde se fiscalizará a los cuatro órganos del Estado, gobernaciones, municipios, empresas, cooperativas e instituciones estatales y no estatales.
La ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, Julia Ramos, informó a La Razón Digital que el trabajo desarrollado está enmarcado en el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece la creación e institucionalización del control social a las diferentes instancias del Estado.
Hasta el momento, la Contraloría General del Estado es la instancia operativa de fiscalización del conjunto de las instituciones públicas. En el caso de los municipios, también están involucradas en la fiscalización diferentes instancias de la sociedad a través de los denominados Comités de Vigilancia.
El anteproyecto de ley refiere la creación de un Consejo Nacional y de comités para desarrollar la labor de fiscalización. “Se aplicará el control social a todas las instancias del Estado y a las autoridades electas. El control social apunta a la transparencia, acá no se pueden cometer errores. Se hará un control a todo nivel, no sólo del Ejecutivo, Legislativo, Electoral, Judicial, sino a todas las instituciones estatales y no estatales”, anunció Ramos.
Gustavo Aliaga, secretario General de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), explicó que el Consejo Nacional estará encargado de vigilar a los cuatro poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas e instituciones privadas; mientras que los comités apuntarán a fiscalizar a gobernaciones, municipios y otras instancias productivas.
“También se hará un control de las instituciones privadas, ese es un planteamiento de las organizaciones”, reveló Aliaga, aunque evitó dar mayores detalles en la medida que este martes será entregado el proyecto al Presidente. Añadió que el control social tiene como objetivo transparentar el uso de recursos económicos tanto en las instituciones públicas como privadas.
Ramos acotó que el control social será aplicado también contra toda autoridad elegida. “Nadie puede cometer errores. Se hará un control a todo nivel, no sólo a las instituciones estatales, sino también a las empresas privadas, cooperativas; nosotros trabajamos orgánicamente y ya se verá cómo nos organizamos para controlar a nivel nacional, departamental y municipal”, anticipó.
Aliaga, entre tanto, señaló que las organizaciones sociales recibieron ‘quejas’ sobre el manejo de instituciones que administran recursos para inversiones sociales, por lo que planteó ejercer un mayor control. No cerró la posibilidad de que la fiscalización llegue a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). “Todo eso se verá en detalle en la reglamentación de la Ley, pero se hará un control estricto”.
“Si hay instituciones que están trabajando mal también serán sujetas de un control social: privadas, cooperativas. Tenemos que enmarcarnos para trabajar en un desarrollo equitativo. Debemos ver cómo mejorar nuestras condiciones de vida”, insistió Ramos.
