El jueves, un gabinete ministerial extraordinario revisó los proyectos de ley: del Libro y la Lectura, del Ejercicio Profesional Médico, de Transparencia y Acceso a la Información, de Empresas Públicas, además de la norma ya citada, que fueron planteados en el Primer Encuentro del Estado Plurinacional, en enero de 2011.
A la fecha, la única norma relacionada a explosivos es un reglamento del Ministerio de Defensa de 2008.
En la gestión de Evo Morales fracasaron tres intentos para elaborar y aprobar una ley y —de momento—la autorización para que particulares porten armas de fuego la emite la Policía, a través de la Dirección de Matrículas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC),
“El proyecto básicamente establece un nivel monopólico en el Ministerio de Defensa para autorizar la importación y exportación de armas y una restricción absoluta para la autorización, adquisición y acceso a civiles”, reveló a La Razón el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Sólo se autorizaría su uso a particulares para competiciones deportivas específicas y previo el cumplimiento de un trámite.
La norma —añadió— tiene un espíritu absolutamente restrictivo. No hace distinciones de categorías de armas, cortas o largas, y establece únicamente el control de la cartera de Defensa. Las armas de fuego que resulten incautadas en operativos contra el narcotráfico, contrabando y otros, pasarían a tuición de la cartera de Defensa, que es la entidad a cargo de la seguridad del Estado.
Propuesta. Además de este control, Romero sugirió la necesidad de hacer una campaña de recolección de aquellas que están en manos de civiles. “Para asegurar el éxito de esta campaña, sería comprar las armas, pagar a quienes voluntariamente las depositen y entreguen”, manifestó.
El Gobierno nacional no cuenta con datos que den una idea sobre la cantidad de armas de fuego que pueda estar en manos de particulares, pero le preocupa —destacó el ministro—que “tener un fusil Máuser (que datan de la Primera Guerra Mundial) es casi como tener un cepillo de dientes” en determinadas zonas.
En recientes operativos antinarcóticos se detectó armamento moderno que proviene de Israel, Rumania, Hungría y EEUU, por ello el Ejecutivo propone que el control esté a cargo de una sola institución, que se encargue del resguardo de puntos por donde se puedan estar internando ese tipo de armas.
Quién suministre armamento, municiones, explosivos y otros materiales relacionados a personas naturales o jurídicas no autorizadas por ley, podría ser sancionado con cuatro a ocho años de cárcel, más 1.250 días de multa, según la propuesta. El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, en entrevista con este diario antes del gabinete del jueves, adelantó que “la pena será agravada en un tercio del máximo, más 1.500 días de multa, si la provisión fuera para fines ilícitos y, en dos tercios, más 1.500 días de multa, si se tratara de armamento militar o policial”.
El exdirector nacional de la FELCC coronel Cristóbal Zapata explicó que actualmente se autoriza el uso de armas a ciertas personas que podrían sufrir algún atentado contra su seguridad física, pero “no aquellas que son de uso reglamentario de la Policía y las FFAA, por ejemplo, 9 mm y el calibre 38”. Romero auguró que el tratamiento de este proyecto de ley se desarrolle en breve, de manera que se promulgue hasta fin de año.
La Policía autoriza la tenencia
Control
La Sección Matrículas de la FELCC es la actual encargada de conceder o negar licencias o autorizaciones de compra, uso, comercio, tenencia y circulación de armas de fuego y municiones.
Requisitos
El solicitante debe justificar los motivos, ser mayor de edad, poseer aptitudes físicas y psíquicas avaladas con certificado médico y un examen de manipuleo, entre otros.
Registro
En octubre se presentaron tres solicitudes en La Paz. El Centro de Fusión de Información inició hace 7 días un conteo de registro de armas en todo el país.
