El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que se modificará de manera “significativa” el monto económico que activa la Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado. Por ahora este monto es de 70 mil bolivianos o 10 mil dólares.
En primera instancia, el proyecto normativo había fijado 70 mil bolivianos el monto a ser perseguido, sin embargo, ayer la autoridad indicó a La Razón que la cifra se incrementará de forma “significativa”, pero que será fijada en la reunión con los gremialistas, prevista para la semana que viene.
“Estamos decididos a incrementar ese monto. Habíamos tomado el primer monto como referencia de la Ley Marcelo Quiroga, pero es demasiado bajo; hemos definido que el incremento sea significativo y el monto será definido en la reunión con los gremiales, donde vamos a concertar con ellos”, explicó Romero.
Rechazo. La dirigencia de los choferes y de los gremiales rechaza la propuesta de ley al considerar que se les puede incautar bienes producto de su trabajo, toda vez que el monto objeto de persecución es de Bs 70 mil.
Los choferes temen que si encuentran en su vehículo artículos de contrabando o droga de un pasajero son ellos los que corren el riesgo de perder sus bienes.
Los gremiales, por su lado, temen que los dueños de casa en las que dejan su mercadería ya no lo permitan ante el temor de que haya irregularidades en la mercadería; también objetan que los 70 mil bolivianos sea la base para iniciar la acción de extinción, y los plazos para demostrar la legalidad de los bienes habidos.
Al respecto, Romero aclaró que la ley se activará con una acusación formal emitida por un juez a requerimiento fiscal y no a simple denuncia. Precisó que se busca perseguir y acabar con el patrimonio de los grandes contrabandistas y narcotraficantes, pero no de la población ni de terceros que hayan intervenido de buena fe.
“El procedimiento de extinción de dominio está subordinado a la decisión de un juez en materia penal, a requerimiento de un fiscal sobre la imputación de uno de esos cuatro delitos”, explicó Romero en radio Panamericana.
Los ilícitos a ser perseguidos por la ley son: contrabando, narcotráfico, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.
La Central Obrera Departamental de Cochabamba amenazó con movilizarse si es que la Asamblea Legislativa retoma el debate de la Ley de Extinción de Bienes.
Ante reclamo chileno, se ratifica soberanía
Tras la protesta del diputado chileno Jorge Tarud, en sentido de acudir a tribunales internacionales por el aprovechamiento del 50% las aguas del Silala, el Gobierno ratificó que los proyectos se ejecutan en el marco de la soberanía nacional.
Tarud no descartó acudir a La Haya ni tampoco un reclamo ante la ONU o la Unasur. Ante esto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que la iniciativa potosina de aprovechar las aguas del Silala, “responde al ejercicio del derecho soberano del pueblo boliviano”.
Criticó, además, que las autoridades chilenas nunca hayan oficializado respuestas en cuanto a la agenda de 13 puntos, que incluye una salida al mar.
“De repente, este elemento de tensionamiento que surge por la iniciativa potosina, en torno al Silala, también replantea la necesidad de encauzar un escenario de diálogo, pero con propuestas oficiales y eso es lo que nunca hubo por parte del Estado chileno”, enfatizó.
