El edificio de la Embajada y el Consulado de Uruguay en Buenos Aires contaba supuestamente con varias celdas clandestinas y pudo ser usado como centro de detención y represión en tiempos de la dictadura uruguaya (1973-1985) y del Plan Cóndor, según denunció hoy el diputado Luis Puig.
Puig, del oficialista Frente Amplio, señaló en declaraciones a Efe que a través de denuncias realizadas por uruguayos residentes en Argentina, tomó conocimiento de la existencia de tres celdas en el subsuelo del edificio, propiedad del Estado uruguayo, que fueron construidas entre los años 1974 y 1975.
«Recibimos la denuncia y fuimos a comprobar. Efectivamente comprobamos la existencia de esas celdas y recogimos testimonios que dicen que en esa época militares entraban y salían constantemente del edificio sin que se supiera el motivo aparente», indicó.
La dictadura uruguaya dejó 38 desaparecidos en este país, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003. En Argentina, que fue sometida a un régimen dictatorial entre 1976 y 1983, se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos.
Las desapariciones fueron en muchos casos el resultado del Plan Cóndor, como se denominó a la coordinación de los órganos represivos de las dictaduras de esos dos países y de Paraguay, Brasil y Chile en aquella época.
El edificio de la Embajada uruguaya en Argentina se encuentra en el corazón del exclusivo barrio porteño de La Recoleta.
Recientemente, el Gobierno del presidente José Mujica ordenó su venta con el argumento de que apenas tiene utilidad práctica y es muy oneroso de mantener debido a que cuenta con nueve plantas.
Puig señaló que mañana martes se presentará una denuncia ante la Justicia uruguaya para que se inicie una investigación sobre el uso que se dio a esas celdas en una sede diplomática.
«Nosotros no podemos afirmar que hubo un centro de detención, por eso queremos que la Justicia investigue por qué se hicieron celdas allí, en una época de coordinación represiva entre ambos países y en un lugar donde los militares entraban libremente», indicó Puig.
El diputado destacó que de comprobarse que efectivamente hubo un centro de detención ilegal en el recinto diplomático, un local que depende de la Cancillería uruguaya, quedaría plasmado una vez más el conocimiento que tenía el ministro de Exteriores de la época, Juan Carlos Blanco, de los crímenes que cometía el Gobierno.
«Tenía un centro de detención ilegal en una embajada al tiempo que daba instrucciones a los diplomáticos uruguayos para que negaran la existencia de desaparecidos», razonó.
Juan Carlos Blanco, de 77 años, se encuentra en prisión desde 2006 por varios casos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos la desaparición de la maestra Elena Quinteros, quien fuera secuestrada en 1976 en los jardines de la Embajada de Venezuela en Montevideo en un incidente que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países hasta la restauración democrática en Uruguay en 1985.
También fue condenado por los asesinatos del entonces senador uruguayo Zelmar Michelini y del presidente de la Cámara de Diputados del país Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurridos en mayo de 1976 en Buenos Aires.
