Hasta el 1 de enero de 2013, el Gobierno Nacional debe presentar un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explicando por qué después de 13 años no se esclareció la violación y asesinato de Patricia Flores (10) en su escuela.
Paola Barriga, abogada de los padres de la menor, informó que la comisión hizo llegar la notificación el 1 de noviembre al Estado boliviano, a través de la Cancillería, que la remitirá al Ministerio de Justicia, al Tribunal Supremo o la Fiscalía.
El 27 de agosto de 1999 la niña desapareció, después de que su madre la dejó en la escuela Vicenta Juaristi Eguino. Días después su cadáver fue hallado en esa unidad educativa, con signos de haber sido brutalmente violada y asesinada.
“Se planteó una demanda ante la comisión el 17 de mayo de 2010 por la vulneración de los derechos humanos de la familia de la víctima, por estos 13 años de impunidad, lo que lo hace un proceso emblemático en el país”, dijo la abogada.
La demanda fue planteada por la Fundación de Defensa y Restitución de los Derechos Humanos (Funderes), que ayuda a esclarecer el caso, y la Fundación Women’s Link Worldwide de Colombia, en la que también se solicitó que sean sancionados los funcionarios que no cumplieron con su labor.
“Sanciones también para los malos funcionarios y jueces que no han querido conocer el caso. (El Gobierno) tiene dos meses para responder en qué estado se encuentra el proceso”, agregó.
Una fuente de la Cancillería informó que hasta ayer no había llegado la notificación y que, una vez que la tengan, la remitirán a la instancia que corresponda. Barriga lamentó también que a la fecha el Instituto de Investigaciones Forenses no haya analizado la caja de evidencias que le fue entregada en agosto.
