Un grupo de suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas (FFAA) pide ser parte del mecanismo de control social que fiscalizará el accionar público de la institución militar. Los solicitantes, además, denunciaron actos de discriminación dentro de la entidad uniformada del país.
Los militares —que están de acuerdo con el control social— prefirieron no revelar sus nombres a este medio por temor a represalias de parte de superiores. Dijeron que podrían ser sometidos a destinos inaceptables y, en el peor de los casos, ser dados de baja de las Fuerzas Armadas.
“Estamos de acuerdo con que los sectores sociales hagan un trabajo de fiscalización, pero nosotros queremos ser parte de este control porque no-sotros conocemos el accionar dentro de las Fuerzas Armadas”, explicó un suboficial a La Razón.
Las organizaciones sociales presentaron al presidente Evo Morales el proyecto de Ley de Participación y Control Social. El documento incorpora a sindicatos, comunidades y actores individuales al nuevo mecanismo. Sin embargo, excluye a militares de ser parte del novedoso proceso de fiscalización.
Son 305 sectores sociales, incluyendo la Central Obrera Boliviana (COB) y colegios de profesionales, los que desarrollarán el control social a entidades públicas, empresas privadas que utilizan dinero fiscal, cooperativas que brindan servicios básicos y las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. En la entidad militar existen 17 mil funcionarios, de los cuales 13 mil son suboficiales y sargentos. De esta última cifra, 2.000 son civiles que prestan servicios administrativos.
“Somos casi el 70% de las FFAA, con ese dato tenemos todo el derecho de ser parte del control social que se haría a nuestras entidades”, reclamó otro militar. El grupo solicitante denunció que dentro de las filas militares existe casos de corrupción y nepotismo, delitos que deben ser sometidos a investigación por el control social, pidieron.
Dinero. Según el Presupuesto General del Estado (PGE) 2011, el Gobierno destinó al Ministerio de Defensa 2.054 millones de bolivianos para gastos de operación de las Fuerzas Armadas. Estos recursos, en su mayoría, se ejecutan en salarios y, por otro lado, en renovación de equipos militares.
“Ese dinero lo administran los jefes militares, ellos son los que firman todo tipo de cheques; nosotros (suboficiales y sargentos) no tocamos ni un solo peso”, comentó un sargento. Es por esta razón que el grupo militar pide que los jefes uniformados rindan cuentas públicas sobre los gastos en las Fuerzas Armadas. Uno de ellos explicó que sus jefes realizan un informe cada fin de gestión a los sectores sociales afines al oficialismo, pero no brindan información lo suficientemente transparente, destacó.
Sobre acciones de discriminación, el grupo de suboficiales y sargentos afirmó que no “tienen derecho” a acceder a un título a nivel licenciatura en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI). “Nosotros sólo podemos alcanzar a ser técnicos medios y los oficiales, ingenieros; eso es discriminación”, cuestionó un suboficial que cursó clases en esa universidad militar.
Otro caso sucede en los cursos de altos estudios militares en las Fuerzas Armadas. Los suboficiales y sargentos pueden participar de estos posgrados sólo como civiles y no como militares, cortando con ello su carrera.
Rol de la Inspectoría militar
Rangos
La Inspectoría Militar se encarga de fiscalizar a las Fuerzas Armadas. Suboficiales denuncian que el Inspector tiene menor rango que el comandante general, situación que inhibe el hacer denuncias por diversos casos.
