La dirigencia nacional de los gremiales ratificó el paro de 24 horas en Santa Cruz y Cochabamba para el martes y anunció que la medida es una advertencia para ir al paro nacional el 20 de noviembre, en rechazo al proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado.
La determinación fue asumida tras la realización de un ampliado nacional del sector gremial en la ciudad de Santa Cruz, el martes. Allí también se desarrolló el ampliado local de la Federación de Transportistas, sector con el que los gremiales llegaron a acuerdos.
“Se firmó un acuerdo entre gremiales y el autotransporte provincial, nacional e internacional, incluido el transporte libre y sindicalizado (…) se espera un paro total el martes 13”, dijo Francisco Figueroa, ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia.
El dirigente manifestó que si el Gobierno no atiende las observaciones que el sector plantea al proyecto de ley, se movilizará en todo el país bajo el argumento de que ya se había aceptado un compás de espera, tras la remisión de la norma al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y que el mismo fue roto al continuar las reuniones del Legislativo con sectores que pretenden consensuar ese texto.
Figueroa adujo que el mandatario Evo Morales envió el proyecto de ley al TCP para que analice si es constitucional o no. Entretanto, la presidenta del Senado, Gabriela Montaño (MAS), se reunió con otros dirigentes que no representarían a las bases. “Se firmó acuerdos con ellos, parecería que hay el deseo de querer aprobar una ley a la carrera, por eso ambos sectores hemos decidido ir al paro”, justificó.
El lunes se desarrolló una reunión con la Confederación de Comerciantes Minoristas y la Confederación Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia, que expresaron su respaldo a la norma. El martes, las presidentas de las dos cámaras de la ALP y el Ministro de Gobierno se reunieron con los choferes y se declaró un cuarto intermedio hasta conocer la declaración del TCP respecto al proyecto de ley.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado (MAS), informó en conferencia de prensa que se desconocen las razones del paro del martes 13, precisamente debido al cuarto intermedio. En la ocasión reiteró que el proyecto de ley mereció cambios relevantes. “Hay modificaciones sustanciales, yo creo que no se puede mentir al país, la conversación que se ha tenido con los choferes ha sido precisamente con base en todas las modificaciones”, dijo.
Lo que se espera es que el TCP dé una vía de interpretación constitucional, cuando la norma se trate en detalle en la Cámara de Diputados, “otorgue absoluta certeza de que no se está vulnerando principios constitucionales del debido proceso respecto a quienes va a ser aplicada la ley”.
El proyecto de ley y el rechazo
Propuesta
La Ley de extinción de Dominio de Bienes busca confiscar y monetizar bienes provenientes del narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, contrabando y corrupción, valuadas en Bs 10 mil o más. Rechazan la norma los choferes, gremiales y agropecuarios.
Agropecuarios rechazan la norma
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechaza el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado, que fue redactado por el Ejecutivo, debido a que creen que la norma castiga al pequeño productor. El borrador cuestionado fue enviado por el presidente Evo Morales al Tribunal Constitucional Plurinacional para que lo analice. El fallo debe ser emitido en un plazo de 30 días hábiles.
El titular de la CAO, Julio Roda, dijo que el sector rechaza de manera contundente la norma porque prevé que afectará al sector productor. “En ese marco, se hizo la representación respectiva ante el vicepresidente Álvaro García y se espera una respuesta favorable” a las observaciones.
El dirigente manifestó que esta normativa afecta, en muchos de sus puntos, al sector agropecuario. Agregó que es un despropósito que se pretenda implementar la norma sin que se haya consensuado con los sectores involucrados en la temática.
“Por ejemplo, un productor de maíz del oriente que vende su cosecha en el mercado y con ese dinero compra una maquinaria agrícola para seguir trabajando, pero que lamentablemente no tiene cómo descargar la procedencia del dinero, ese trabajador del campo perderá todos sus bienes ante un proceso”, manifestó Roda. Hay muchos detalles que no están claros en esa norma, entonces es necesaria la modificación, muestra de ello es que varios sectores de la sociedad han exteriorizado su rechazo, acotó.
