El Ejecutivo ratificó su intención de otorgar un indulto antes de fin de año y reveló que, de momento, se debate si será aplicable a presos por la Ley 1008. El Ministerio de Gobierno identificó tres posturas. Aún falta definir si se dará el perdón vía ley o decreto.
El debate al interior del Ejecutivo gira en torno a si el alcance de una eventual ley de indulto será extensible a aquellas personas que guardan detención tras haber sido involucradas con la Ley 1008, básicamente a quienes trasladaron droga dentro de sus cuerpos, en cápsulas, afirmó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
En ese debate, la autoridad señaló que algunos aprueban esa posibilidad, pero otros se oponen radicalmente y arguyen que se debería excluir a todos los involucrados en la Ley 1008. “Otros, en una posición intermedia, dicen (que) podría ser, pero siempre que hubieran cumplido un porcentaje de pena mayor al exigido para los otros delitos. Ese debate todavía internamente se lo está librando”.
El proyecto de Ley de Concesión de Indulto por Razones Humanitarias, que fue elaborado por el Ministerio de Justicia, prevé otorgar este beneficio a personas menores de 21 años que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada, hasta 60 días después de promulgada la norma. Ramiro Llanos, director general de Régimen Penitenciario, abrió la posibilidad de que se extienda para menores de 24 años.
También se busca aplicar el perdón a personas mayores de 60 años en el proyecto de Justicia, aunque para que beneficie a un mayor número esto se habría reducido a mayores de 58 años.
Gente con grado de discapacidad grave o muy grave, debidamente certificada por la entidad competente; reos con enfermedad terminal, certificada por una entidad competente, y quienes estén condenados a pena privativa de libertad hasta de ocho años también estarían contemplados.
De 13.500 presos en las 53 cárceles y carceletas del país, según la propuesta original, se busca beneficiar al 40%, sin embargo, de acuerdo con las previsiones de Régimen Penitenciario se alcanzaría a 1.000 personas, de ellas solamente 100 hasta fin de gestión.
El otro tema en debate, según Romero, es si el indulto se concederá a través de una ley o por decreto, aspecto que se espera zanjar este mes, de manera que se tenga la norma hasta fin de año. Si se da por decreto supremo, la norma sería pasible a ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y ser elevada a rango de ley.
Obras en la Posta no tienen autorización
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que esa cartera de Estado no impulsa la construcción de un nuevo bloque de celdas en la sección Posta de la cárcel de San Pedro de La Paz. Romero, basándose en declaraciones del director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, señaló que no hay ninguna solicitud ni trámite ante el Gobierno Municipal de La Paz para realizar ese cometido, además que la construcción de celdas es una tarea que sólo la asume el Estado como tal.
Romero refirió que se solicitó un informe circunstanciado respecto a esa construcción y adelantó que se adoptarán las medidas necesarias para evitar que ese proyecto se concrete, “puesto que no ha sido autorizado ni está impulsado ni cuenta con el aval del Ministerio de Gobierno”. En esa sección de San Pedro se construyen dos pisos de celdas para alrededor de 20 presos. La obra es financiada por los mismos internos, aparentemente con planes de venta.
