El nuevo fiscal de Distrito de La Paz, José Ángel Ponce, minimizó los comentarios que asocian su reciente cargo con la labor que realizó en torno a la investigación del caso Chaparina. Aseguró que 24 horas antes no sabía que reemplazaría a Betty Yañíquez.
“Yo me precio de ser un fiscal honesto, que no tengo antecedentes, y eso se puede preguntar al público litigante”, señaló cuando se le consultó si el cargo es un “premio” por las actuaciones que realizó en el marco de la investigación de la represión policial contra los indígenas del TIPNIS. “Hace 24 horas yo no sabía que iba a ser posesionado en el cargo”, afirmó.
El vocero del Movimiento Sin Miedo (MSM), Edwin Herrera, adujo que se está “premiando” a quienes obstaculizaron el caso Chaparina. De hecho, ese partido denunció a Ponce y a la fiscal Patricia Santos el 26 de marzo por los delitos de incumplimiento de deberes y negativa o retardo de justicia, proceso que ve actualmente el fiscal Marco Rodríguez.
“El caso sigue (…) mi persona como fiscal de Distrito tiene el deber de tomar los recaudos para que la fiscal tenga el apoyo necesario para proseguir esta investigación”, comprometió Ponce en entrevista con Cadena A.
La abogada del MSM Aida Camacho también criticó el nombramiento de Ponce y sostuvo que fue por resolver el rechazo de la investigación en contra de Sacha Llorenti por los hechos del 25 de septiembre de 2011 en la localidad de Chaparina. En respuesta a ese tipo de comentarios, Ponce manifestó que no los asume y que “van a ir por su propio camino”.
La fiscal de Distrito saliente, Betty Yañíquez, también responsabilizó a Ponce del curso que se dio a las actuaciones en el caso Chaparina. “Yo no he sido directora funcional (del caso)”, dijo. Empero, recordó que la duración de un proceso puede extenderse hasta por tres años y que, por tanto, están dentro de los términos.
Yañíquez aprovechó la oportunidad para indicar que consiguió una donación de $us 400 mil del Reino de Dinamarca para el proyecto de fortalecimiento y reafirmación del Ministerio Público, monto del que se ejecutó el 50%. El resto debe ser administrado por la nueva autoridad. Ponce también dirigía las investigaciones del caso de Nina Mancilla (“Anarquistas”) y el de Guadalupe Cárdenas, por el motín policial, entre otros.
