De tanto en tanto, más en tono de amenaza que como decisión, surgen anuncios de que se revocará el mandato de tal o cual autoridad o representante. Tales advertencias, que engrosan el repertorio de confrontación de la política en las calles, suelen ser parte de la reacción de algún sector o grupo contra políticas públicas que les afectan. La revocatoria aparece entonces como un factor, por ahora discursivo, de intimidación.
El pasado martes, un dirigente de los gremialistas movilizados contra el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado (ahora en consulta en el Tribunal Constitucional), retomó la amenaza. Esta vez dirigida al presidente Morales. “Si hasta el 20 de noviembre el Gobierno no levanta el proyecto de ley…”. Revocar, revocar, entre otras tempestades como no dejarse censar o emprender viaje a Sucre.
Sin duda, el reconocimiento constitucional de la revocatoria constituye un importante avance en la democracia directa y participativa. Si bien la Ley del Régimen Electoral estableció exigentes requisitos para su activación, la posibilidad de revocar el mandato de una autoridad electa está vigente. Claro que para el ejercicio de este derecho no basta declararlo como amenaza. Hay condiciones, porcentajes, cálculo político.
