Como otros actos nacionales, el Censo de Población y Vivienda previsto para el miércoles 21 de noviembre ha sufrido una serie de cuestionamientos y problemas desde su institución, mediante el Decreto Supremo 1305, del 2 de agosto de 2012.
Si bien la encuesta está a punto de desarrollarse, ésta fue apurada por regiones como Santa Cruz, que presionaron al Gobierno la convocatoria ante la necesidad de actualizar su población y, consiguientemente, incrementar su representación legislativa y aumentar sus ingresos por coparticipación tributaria.
Así, el proceso resultó un gran desafío para el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en un tiempo corto terminó de alistar la undécima versión del censo, que por su valor informativo requiere el compromiso cívico de los bolivianos.
Por semanas, los políticos y los medios de comunicación avivaron el debate sobre la pertinencia o no de incluir en las preguntas de la encuesta la figura de mestizo, que al final fue desechada por los organizadores, que prefirieron incorporar otra referida solamente a la autopertenencia a alguna nación indígena. En ese mismo sentido, la religión tuvo su polémica aparte. Ya en el final del proceso preparatorio, una decena de municipios reclamó una actualización cartográfica real, incluso con conflictos como el que se libró el viernes en Colomi, con un saldo de 51 policías heridos y centenares de pasajeros perjudicados por el bloqueo de la ruta entre Cochabamba y Santa Cruz. En tanto, el Comité Cívico de Oruro suspendió eventualmente su decisión de no participar en el censo mientras el Gobierno no solucione diferendos territoriales en cuatro comunidades del departamento.
Ante eso, el vicepresidente Álvaro García Linera había advertido que municipio que no asista a la encuesta corría el riesgo de perder recursos con la actualización poblacional. El censo arrojará una base de datos para los próximos diez años que amerita la participación nacional.
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