Mientras Felisa Salazar respondía a qué pueblo originario pertenecía, el dirigente cantonal Pascual Flores vigilaba atentamente a la empadronadora en la comunidad de San José de Karapata, de Coroico, en una muestra de cómo el control social fiscalizó ayer el Censo 2012.
“Aquellos vecinos que no sean censados serán sancionados con una multa de Bs 200 y por eso están obligados a censarse”, advertía Flores que al igual que otros dirigentes comunales escoltaron a los jóvenes encuestadores en los Yungas, donde los pobladores participaron activamente del Censo de Población y Vivienda.
A una hora de camino, el dirigente Alberto Mamani no dudó en explicar otras sanciones. “Si hasta 2001 nos correspondía Bs 250 por persona, ahora seguro que va a crecer y lo que corresponda deberán pagar quienes no se hayan censado”.
Otros fueron obligados a llegar hasta esa zona del trópico paceño. “Yo soy de Chicapata, pero me han obligado a venir aquí, por eso estoy en Yolosita”, dijo por su lado una mujer de la tercera edad que prefirió el anonimato. En San Pablo de Coroico, los vecinos confirmaron que la noche del martes “algunos hermanos residentes han llegado para el censo y ahorita están esperando en sus casas”.
En otras poblaciones como en Unduavi, el empadronamiento empezó a las 09.00 debido a que los materiales no llegaban.
Cocales. En Miraflores y Capellanía, dos comunidades a 20 y 30 minutos de Coroico, respectivamente, las familias cocaleras estaban molestas, porque pasado el mediodía no arribaban los encuestadores. “Ya podía haber cosechado 20 libras y aún no llega el censador”, se lamentó Nicasio Flores, un cocalero de la zona.
En algunos campamentos de obreros, que construyen caminos en los Yungas, muchos se preguntaban si 45 formularios alcanzarían para 300 personas. “Los censaremos como viviendas colectivas y a ocho personas por formulario”, aclaró una censadora.
