La dirigencia nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguró que en ese partido, en rigor, no se registra disidencia política, sino sólo indisciplina (unos 70 casos) por parte de militantes en función pública, los cuales son vigilados, controlados y sancionados a través de las organizaciones sociales afines al Gobierno.
El secretario de Coordinación con las Organizaciones Sociales y miembro de la Dirección Nacional del MAS, Julio Huaraya, dijo que el mecanismo de control a través de las organizaciones ayuda a evitar hechos de corrupción por parte de militantes y autoridades electas; cuando hubo delitos, fueron los sectores los que denunciaron ante el Ministerio Público.
“Para sancionar las indisciplinas, como indica el estatuto orgánico, debemos coordinar con nuestras organizaciones porque cada militante o autoridad electa, ya sea municipal, departamental o nacional, es postulada por una organización que, al final, toma la decisión”, explicó Huaraya.
Agregó que desde la Dirección Nacional, integrada por 14 dirigentes, entre ellos Evo Morales, Concepción Ortiz, Leonilda Zurita y Huaraya, se llama la atención a las organizaciones sociales y ellas determinan la suspensión temporal o permanente del militante, según la gravedad del hecho.
“Hubo, hay y habrá compañeros que velan por sus intereses personales, pero cuando hay temas de delitos, corrupción y conducta antieconómica actúa el Ministerio Público; sin embargo, ahora los movimientos están bien organizados y controlan plenamente a sus autoridades. La gente convoca a ampliados y pide informes a sus alcaldes u otras autoridades sobre la ejecución de recursos y proyectos”, acotó el dirigente del partido oficialista.
Acción. Aseguró que con este tipo de acciones “no hay dónde escaparse”, además, recordó que está en vigencia la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que regula y sanciona los actos ilícitos que cometen los servidores en función pública.
De acuerdo con informes oficiales del Ministerio de Autonomías, entre 2011 y 2012, 15 alcaldes fueron suspendidos en todo el país por acusaciones que van desde racismo, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, tráfico de carburantes y hasta abuso sexual.
Del total, 11 autoridades pertenecen a organizaciones ciudadanas locales y cuatro son del MAS. La mayoría de las suspensiones se registró en Santa Cruz, le sigue Cochabamba, La Paz, Tarija, Beni y Sucre. “No podemos defender a nadie, hay que procesar caiga quien caiga, como dijo el presidente Evo Morales”, señaló Huaraya.
Uno de los casos más recientes es el del alcalde de San Buenaventura, Adalid Carvajal, implicado en la pérdida de 1.500 turriles de cemento asfáltico, quien fue enviado a la cárcel de San Pedro. Por su parte, Teodoro Barrientos, presidente del Tribunal de Disciplina y Ética del MAS, explicó que cuando esa instancia recibe la denuncia, la evalúa y llama a las partes en conflicto para la conciliación.
“Primero se llama la atención; si hay reincidencia, el funcionario o dirigente es suspendido del cargo temporalmente hasta que resuelva su problema. Si es absuelto, retorna a su cargo, pero si es culpable se lo expulsa del partido y pierde el cargo de forma definitiva”, detalló Barrientos.
Congreso nacional
Cambios
El primer semestre de 2013 se prevé un congreso nacional del MAS para modificar el estatuto orgánico e implementar artículos más estrictos para sancionar las disidencias, el transfugio y la indisciplina al interior del partido.
CN carece de tribunal para sancionar las disidencias
El diputado Tomás Monasterios, de Convergencia Nacional (CN), indicó que como partido político dejó de existir y, por tanto, carece de una estructura orgánica que haga control y seguimiento de irregularidades o disidencias al interior del frente opositor. “Orgánicamente no existe un mando, una estructura orgánica para poder cohesionar, eso deja abierta la posibilidad de accionar de los parlamentarios de Convergencia. Pocos mantienen una línea seria de oposición”, dijo el legislador.
Reiteró que como el partido perdió su personería jurídica, la alianza no está vigente y al no tener una estructura orgánica tampoco se puede hablar de un Tribunal de Ética para sancionar las inconductas de algunos opositores.
“Por eso la oposición tiene el desafío, para 2014, de no repetir el error de Convergencia y garantizar una estructura que tenga vigencia, y también demandar que el MAS deje de perseguir los liderazgos nacionales”, enfatizó Monasterios. En tanto, según el estatuto de Unidad Nacional (UN), el partido cuenta con un Tribunal de Ética que cita al demandado para que responda al mismo en un plazo de diez días; y en cinco, concluido el proceso de investigación, dicta la resolución que corresponda.
