La falta de prospección y exploración de nuevas áreas de explotación minera, además de la elevación de impuestos, puede hacer colapsar la minería en Bolivia en al menos diez años por las pocas reservas e inversiones, advierten expertos.
Los exministros de Minería Dionisio Garzón y Jorge Espinoza, además del sociólogo Henry Oporto, presentaron ayer el libro Los dilemas de la minería en el que exponen el porqué de la falta de inversiones en este rubro, y lo que le espera al sector una vez que se apruebe el proyecto de la nueva Ley de Minería.
“Se están agotando los parajes, y con una bajada de precios puede haber un colapso de la minería boliviana. Entonces, lo que tiene que hacer el Gobierno es insistir en la exploración”, dijo Espinoza. Añadió que para atraer las inversiones en el rubro, el Ejecutivo debe crear un ambiente favorable con seguridad jurídica.
Espinoza consideró que el Gobierno debiera obligar a las empresas que actualmente explotan recursos mineralógicos a que realicen trabajos de exploración con algún porcentaje de las utilidades que perciben.
Recordó que los proyectos grandes de operación minera en el país como Inti Raymi, San Cristóbal y San Bartolomé fueron desarrollados con estudios de 1950 y que en la actualidad no se conoce de nuevas prospecciones ni por parte del Estado ni del sector privado.
En la presentación del libro, el sociólogo Henry Oporto informó que el proyecto de la nueva ley minera pretende subir las regalías e impuestos por encima del 67% que se paga hoy en día. Oporto sostuvo que en la nueva ley se pretende elevar el impuesto por remesa de dividendos de 12,5% a 25%, y que con tales incrementos se pone en riesgo la continuidad de las operaciones mineras en Bolivia.
“En la actualidad, dos de cada tres dólares generados por los productores mineros ya son apropiados por el Estado”, dijo el sociólogo y añadió que de imponerse el nuevo sistema impositivo, Bolivia tendría los impuestos más altos a la explotación minera de la región.
Por su parte, el exministro de Minería Dionisio Garzón consideró que las regalías no deberían pagarse sobre el valor bruto del mineral, sino sobre el valor neto (efectivo) de éste, como hicieron en el país vecino Perú.
De ahuyentarse las inversiones privadas en la minería, el país quedaría reducido en explotación a las empresas estatales, que según los expertos no son confiables por no ser rentables. Los cooperativistas tampoco podrían hacerse cargo de estas áreas porque no podrían realizar inversiones grandes y trabajar de modo mecanizado como lo hace la minería mediana, indicaron los expertos por separado.
