La decisión de Colombia de denunciar el Pacto de Bogotá, tras fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que fijó nuevos límites en el Caribe con Nicaragua, es un acto «desesperado» y «sin sentido» que no cambiará lo dispuesto por ese tribunal, opinaron juristas.
«No tiene ningún sentido retirarse del Pacto de Bogotá» porque los límites marítimos fijados para Nicaragua y Colombia son «cosa juzgada (y) absolutamente nada influye en la sentencia», dijo a la prensa el representante de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Arguello.
La sentencia de la CIJ otorgó a Colombia seis cayos adicionales a las islas mayores del archipiélago de San Andrés, cuya soberanía ya había ratificado a ese país en 2007, pero amplió las fronteras marítimas a Nicaragua en más de 90.000 km2 hacia el este de esos territorios insulares.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este miércoles que su país denunció el martes el Pacto de Bogotá que reconoce la juridiscción a la CIJ, por considerar que las delimitaciones territoriales deben ser fijadas por tratados y no por sentencias como la emitida por ese alto tribunal.
Colombia no puede alegar «sorpresa» con la sentencia porque «sabían que si (la Corte) se ponía a delimitar (territorios marítimos) iba a salir esto» y la decisión fue unánime incluso respaldada por el juez ad hoc nombrado por Bogotá, mencionó Arguello.
La renuncia al Pacto de Bogotá es «un acto desesperado» porque eso no implica ningun cambio en la sentencia. «El fallo se va a tener que acatar de forma precisa, rigurosa e intacta», manifestó por su parte Mauricio Herdocia, experto en derecho internacional.
El proceso iniciado por Colombia para retirarse del Pacto de Bogotá durará un año y «no tiene efecto retroactivo», la sentencia de la CIJ «es firme, definitiva e inapelable», apuntó Herdocia.
La denuncia del Pacto «no le sirve para sus propósitos, porque no va a evadir cumplir el fallo», agregó Herdocia, quien consideró «preocupante» que Colombia esté «menoscabando» uno de los principales instrumentos del orden jurídico como es «el tratado de soluciones pacíficas».
El Pacto de Bogotá, suscrito por Colombia en 1948, comprometía al país a dirimir sus desacuerdos limítrofes con otros países del hemisferio en el seno de ese tribunal de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
