Información a la que accedió La Razón sostiene que el abogado Fernando Rivera, acusado de pertenecer a una red de extorsión, trabajó en la Caja Nacional de Salud, donde tuvo un proceso, y en la Contraloría antes de llegar al Ministerio de Gobierno, recomendado por el exviceministro Marcos Farfán.
El Ministerio de Gobierno reveló que Rivera trabajó como abogado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos desde el 20 de julio de 2007. En agosto de 2010 Sacha Llorenti lo hizo director jurídico y luego asesor legal, cargo que ocupó hasta el lunes.
Farfán fungió como viceministro de Régimen Interior en dos ocasiones, antes y después de Gustavo Torrico. Cuando se fue por primera vez de esa cartera de Estado, en enero de 2010, ya estaba ahí Rivera. Al retornar, en julio del mismo año, se reencontraron.
En la Caja Rivero se habría visto implicado en una compra fraudulenta de equipos que, tras ventilarse en estrados judiciales, quedó en el olvido. En la Contraloría fue conocido como Chiru-Chiru.
Este medio buscó a Farfán para conocer su versión respecto a esos supuestos antecedentes, pero no fue posible contactarlo. En cambio sí contestó Gustavo Torrico, quien aseveró que la red de extorsionadores empezó a operar desde 2009, tras conocerse el caso Terrorismo o Rózsa.
“Terrorismo fue el primer caso. El primer extorsionado en ese tema, para quedar fuera del mismo, fue Juan Carlos Guillén”, señaló Torrico. La persona citada fue quien pagó los hoteles para el grupo de Eduardo Rózsa y habría prestado un vehículo para el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, en abril de 2009.
El Ministerio de Gobierno en su acusación particular, “habiendo indicios”, no incluyó a Guillén. “Ellos (los abogados) lo que hicieron fue aprovechar el caso Rózsa y extorsionar a muchos de los implicados”, dijo Torrico. Así, habrían facilitado la huida de varios. Aseguró, además, que armaron el caso contra Dirk Smith (Menonitas), operativos contra bingos en Santa Cruz e incluso influido en casos de particulares.
