El caso de la red de corrupción develado en algunos cargos de los ministerios de la Presidencia y de Gobierno ha puesto en vilo al Ejecutivo, que se encuentra en una encrucijada. La agenda de los medios de información le ha puesto atención prioritaria, seguramente por varios días.
La polémica por el censo del 21 de noviembre o el debate sobre el patrimonio del presidente Evo Morales han quedado atrás, y la opinión pública se pregunta acerca de cuán enraizada está la banda de extorsión en las dos oficinas del Gobierno. Por el momento, se sabe que la red abusó de los bienes del estadounidense Jacob Ostreicher, detenido en Palmasola, y en medio de otros casos más aparecen como principales implicados José Manuel Antezana, exfuncionario del Ministerio de la Presidencia, además de Fernando Rivera y Dennis Rodas, exasesores del Ministerio de Gobierno.
Las investigaciones recién comienzan y se habla de que los exfuncionarios tuvieron incidencia en al menos cinco casos judiciales que las autoridades nacionales encaraban. Lo grave de esto es que la banda actuaba con fuertes presiones contras sus víctimas, acción que incluso temieron el ministros Carlos Romero y el viceministro Jorge Pérez. Éste último quiso renunciar a su cargo, ante el miedo de sufrir daños por parte de la red de extorsión.
El que se discute ahora es uno de los hechos de corrupción más importantes de los últimos meses, por el que se supo que el presidente Evo Morales pidió celeridad y máxima sanción para los culpables.
Entretanto, representantes de la oposición del Gobierno no esperaron más tiempo para demandar la renuncia de Romero y Juan Ramón Quintana, en una actitud política que, no obstante, no tuvo la repercusión que se esperaba. De todos modos, urge una minuciosa investigación, caiga quien caiga, como adelantaron las autoridades. Que este caso sirva para frenar la corrupción en la administración pública.
El editor
