En estos días en que la Asamblea Legislativa Plurinacional discute el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2013, es importante conocer las características de su composición, que algunos análisis no lo plasman en su verdadera dimensión.
El proyecto de PGE del próximo año, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, asciende a un total consolidado de Bs 172.021 millones (cerca de $us 25.076 millones). Sin duda, una importante cantidad de recursos; pero cabe preguntarse: ¿qué instituciones generan estos recursos y quiénes los gastan?
Luego de realizar un análisis mesurado del PGE por nivel institucional, se puede observar que del total de ingresos esperados, 48,4% es producido por empresas públicas (principalmente por ingresos de operación de YPFB, Comibol, Vinto, BoA, Emapa, entre otras). En segundo lugar, la administración central genera 37,2% por ingresos tributarios. Sumados ambos representan el 86% del PGE.
Por el lado del gasto, las operaciones de empresas representan el 41,6%; y el funcionamiento e inversión de entidades del nivel central, el 26,0% (compuesta por programas y proyectos productivos y sociales de ministerios; órganos Judicial, Legislativo, Electoral; e instituciones de control y defensa del Estado). Por tanto, la diferencia entre ingresos y gastos de estos dos niveles suma 18,4%, recursos que son transferidos a otros niveles institucionales del PGE.
Las instituciones que reciben los recursos generados por las empresas y el nivel central del Estado son: municipios, quienes producen 4% del total, pero gastan 10%; gobernaciones, que crean 3%, pero erogan 6%; universidades públicas, que producen 1% y gastan 3%; entidades descentralizadas (primordialmente la ABC, FPS, direcciones departamentales de Educación —ex Seducas—, entre otras) conciben el 3% y gastan el 10%; y las instituciones de seguridad social originan 2% y dispensan 3%.
Esto explica que los recursos que no gastan las empresas públicas y la administración central son redistribuidos a aquellos niveles deficitarios como los municipios, gobernaciones, universidades públicas y entidades descentralizadas. Por el contrario, las instituciones financieras incluidas en el PGE (Banco Central de Bolivia, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, entre otras) crean el 1% y gastan el 1%; es decir, se encuentran en equilibrio.
En términos monetarios, lo anterior significa que Bs 31.030 millones (Bs 11.662 millones de empresas públicas y Bs 19.367 millones de la administración central), serían repartidos entre los gobiernos autónomos municipales con Bs 9.261 millones, gobiernos autónomos departamentales con Bs 5.839 millones; universidades públicas con Bs 2.656 millones; y entidades descentralizadas con Bs 11.827 millones, adicionalmente a los recursos programados para estos niveles que ascienden a Bs 7.659 millones, Bs 4.618 millones, Bs 1.893 millones y Bs 5.334 millones, respectivamente.
Con este análisis se puede observar con claridad cuáles son los niveles institucionales que producen el financiamiento y qué entidades lo reciben, que son las entidades territoriales autónomas y las descentralizadas, que ofrecen sus servicios a nivel nacional.
