El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, vinculó este martes a la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, con el grupo de corrupción y extorsión que ya provocó la detención de ex fiscales y un alto funcionario del ministerio de la Presidencia.
«Quiero que me den 45 minutos para desenmascarar a la señora ministra (Nardi Suxo) en su supuesta lucha contra la corrupción. Ella es parte del grupo de extorsionadores. Sólo pido garantías para eso», dijo a los periodistas el ex hombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Explicó que el llamado «caso Catler Uniservice» tras la muerte del empresario Jorge O’Connor en la avenida Tejada Sorzano el 27 de enero de 2009 estuvo a cargo de Isabelino Gómez, Edward Mollinedo, Aldo Ortiz y César Romano.
Santos Ramírez resultó el principal inculpado por este caso, y está detenido en la cárcel pública de La Paz desde 2009. «Miguel O’Connor (hermano de la víctima) firmó el contrato, recibió dinero en diferentes cuentas y salió libre pese a que las pruebas eran conocidas por Isabelino Gómez, Mollinedo, Romano y Ortiz. En mi caso no hubo juicio ni sentencia correcta», dijo.
Agregó que los investigadores del «caso Catler Uniservice» terminaron ocupando cargos de bastante influencia, ese el caso de Isabelino Gómez que fue fiscal de Santa Cruz, Edward Mollinedo era su asistente, César Romero como abogado de la Procuraduría General y Aldo Ortiz continúa en la fiscalía de La Paz.
También precisó que Boris Villegas, ex funcionario de jerarquía del ministerio de Gobierno, prestó servicios en YPFB y el ministerio de Transparencia Instucional que está a cargo de la abogada Nardi Suxo.
Ramírez fue investigado por la frustrada instalación de la planta separadora de líquidos en Río Grande por el consorcio Catler-Uniservice SRL por 86,4 millones de dólares. Ahora se realiza la misma obra por 159,5 millones a cargo de la empresa Astra Evangelista SA (AESA).
Santos Ramírez Valverde tiene en su contra 12 casos por corrupción, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, entre otros delitos. De estos procesos, sólo uno tiene sentencia, se trata del denominado caso Catler Uniservice que derivó en una sentencia condenatoria de 12 años de prisión, cumpliendo esa determinación de la justicia en la cárcel de San Pedro de La Paz.
