El Ministerio de Gobierno informó que, por el momento, no se tiene acuerdos plenos para dar curso a un indulto para privados de libertad; sin embargo, no descartó la posibilidad de que este perdón se concrete hasta fin de año. En demanda de una norma que dé curso al indulto, privados de libertad de al menos tres recintos penitenciarios iniciaron movilizaciones pacíficas desde el lunes.
En los penales de San Pedro (La Paz), San Antonio y San Sebastián (Cochabamba), los reclusos protestaron por el hacinamiento, que podría disminuir en algo de emitirse una ley de indulto, cuya previsión, de acuerdo con el proyecto que realizó el Ministerio de Justicia, es llegar al 40% de la población penal del país y que hasta fin de año empezaría por sacar de las cárceles a 1.000 presos.
“Hay que consensuar todavía, no tenemos una concertación plena, hay una propuesta de Justicia, otra de Régimen Penitenciario y otras propuestas; no tenemos grandes diferencias; sin embargo, todavía continuamos en un debate interno”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
El 15 de octubre, en un acto realizado al interior del penal de San Pedro, esta autoridad abrió la posibilidad de que se dé un indulto hasta fin de año, hecho que abrió la expectativa, sobre todo a ancianos que están en cárceles.
El indulto podría darse vía decreto supremo o una ley, situación que todavía no se define. Cuando se le consultó a Romero si será posible contar con esta norma hasta fin de año, indicó que confían en ello, pero “no sólo depende del Ministerio de Gobierno”.
Las propuestas de indulto prevén beneficiar a detenidos por delitos menores, es decir, a quienes tengan sentencias de cinco a ocho años. También se busca la salida de enfermos terminales y personas de la tercera edad. Registros de Régimen Penitenciario dan cuenta de 13.654 reos hasta noviembre de este año. Más del 77% está en el eje central y el 84% no cuenta con una sentencia.
Hay líos por prediarios
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, apuntó a las gobernaciones de La Paz, Beni y Tarija como las instancias que no pagaron prediarios a reos, lo que puede generar una emergencia. Romero indicó que se comprende los problemas presupuestarios de La Paz y Beni, pero sorprende que Tarija, “la gobernación más millonaria de este país”, no cumpla la cuota que le corresponde.
Dijo que se busca solución a este problema que surgió, en gran medida, porque el crecimiento de la población penal superó promedios anteriores, en Santa Cruz llegó al 25% e hizo variar la previsión.
