El ministro de Justicia de Chile, Teodoro Ribera, presentó hoy su renuncia al cargo por su supuesto vínculo con un caso de corrupción ligado a un instituto profesional en cuya propiedad tiene participación.
«He presentado mi renuncia indeclinable al cargo de ministro de Justicia», declaró Ribera en el Palacio de La Moneda (sede de Gobierno) tras sostener a primera hora de este lunes una reunión con el presidente Sebastián Piñera.
Ribera dijo tener «la férrea convicción» de que ninguna de sus actuaciones «privadas ni ministeriales se han apartado de la línea ética y legal».
Su salida se esperaba desde la semana pasada, cuando se fueron conociendo detalles del caso a través de la prensa.
Cuando ya era titular de Justicia, Ribera contrató en 2011 al entonces presidente de la estatal Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz, para que prestara asesorías a Gendarmería (guardia de prisiones), dependiente de su ministerio.
Ese vínculo laboral se mantuvo mientras la CNA resolvía la acreditación del Instituto Profesional Incacea, del cual Ribera posee un 7,5 %.
Esas acreditaciones son certificaciones que da el Estado para respaldar la calidad de las instituciones educativas y poder así recibir fondos públicos, aunque no es un requisito indispensable para que éstas puedan funcionar.
La acreditación fue finalmente rechazada, ya que solo contó con dos votos a favor, entre ellos el de Luis Eugenio Díaz, quien se encuentra en prisión preventiva imputado por cohecho y lavado de activos por supuestamente haber cobrado por otorgar esas credenciales.
«En las últimas semanas he sido objeto de acusaciones tendenciosas, basadas en hechos inconexos, sin fundamento o sencillamente falsas, que buscaron asociarme injustamente a hechos reprobables», se defendió hoy el ya exministro.
En ese caso también están imputados los exrectores de la Universidad del Mar Héctor Zúñiga y de la Universidad Pedro de Valdivia Ángel Maulén, y están siendo investigadas además las universidades SEK, Bernardo O’Higgins, Andrés Bello y Uniacc.
El portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick, señaló ayer en un programa de televisión que si bien no creían que Ribera hubiera cometido hechos ilícitos, sus acciones no fueron prudentes.
