El pasado martes 11, el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, firmó la Ley N° 317, y puso en ejecución la norma que da lugar a importantes cambios para la gestión 2013, principalmente, en el área económica.
El equipo jurídico de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) anunció que está preparando un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva norma que regirá durante el año próximo la marcha económica del país y que entre sus disposiciones reasigna presupuesto u ordena que se hagan ajustes en las penalizaciones por incumplimientos tributarios.
Uno de los aspectos centrales de la Ley N° 137 o Ley Financial es la preservación del Resultado Fiscal y para ello, a través del artículo 5, autoriza que los ministerios de Economía y Finanzas Públicas, y de Planificación del Desarrollo, puedan aprobar mediante una resolución ministerial “las modificaciones presupuestarias destinadas a gasto corriente o inversión pública, respectivamente” en los recursos de las entidades públicas “que afecten negativamente el resultado fiscal global del sector público”. La norma deja fuera de esta atribución a los saldos que no fueran ejecutados y que provengan de donaciones de entidades o gobiernos extranjeros.
La ley, que apareció publicada por la Gaceta Oficial en su edición del 12 de diciembre, contiene un total de 29 artículos, 21 disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y ocho disposiciones finales, además de cuatro disposiciones que son derogatorias y abrogatorias.
