La concejala Gabriela Niño de Guzmán indicó hoy que la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) considera que los servidores públicos de las gobernaciones y del Gobierno Nacional también deberían ser reincorporados a la Ley General del Trabajo, juntamente con los funcionarios ediles.
“Consideramos que no solamente debería ser para los trabajadores municipales. No nos olvidemos que el Estado Plurinacional está compuesto por el nivel local, departamental y el nacional, por lo tanto en justicia esta ley debería cubrir a todos los trabajadores”, expresó, según un boletín de prensa del gobierno municipal.
La autoridad edil informó que la AMB reunida en Santa Cruz la pasada semana, determinó también tomar la posición de apoyar que el beneficio debe alcanzar a los funcionarios profesionales de las administraciones ediles, bajo el principio de justicia y universalidad de la norma.
“No tiene que haber trabajadores de primera o de segunda, tampoco se puede excluir de este beneficio a los profesionales. Los profesionales en un municipio son tan trabajadores como otros”, indicó la autoridad.
La mañana de hoy, el presidente del Estado Evo Morales promulgó la Ley 231, que reincorpora a la Ley General del Trabajo a los funcionarios municipales de planta que desempeñan actividades manuales u operativas en nueve alcaldías de las capitales más El Alto.
Los gastos emergentes de esta norma serían cubiertos con el 25 por ciento de las transferencias que realiza el Gobierno Nacional a los diez gobiernos locales para cubrir sus gastos operativos.
Niño de Guzmán indicó que la medida obligará a las alcaldías a destinar parte de los ingresos asignados a obras a realizar reservas para cubrir los beneficios sociales correspondientes a los trabajadores.
Asimismo, indicó que en el caso de la Alcaldía de La Paz la norma beneficiaría a aproximadamente mil funcionarios y al momento se realizan los cálculos de la inversión para los gastos para el ámbito laboral.
“Esto indudablemente hará que nuestros recursos que tengamos que invertir en obras vamos a destinar a las previsiones laborales correspondientes… Hubiera sido importante que el Gobierno no solamente saque una ley suelta sino que pueda además prevea estas situaciones en el ámbito fundamentalmente financiero”, finalizó.
La norma garantiza el pago del desahucio en caso de despido intempestivo, la cancelación de quinquenios y finiquitos, que establece causales de despido, entre otros.
