Bolivia recibió en los últimos siete años 16.678 millones de dólares por la renta petrolera, que representa un promedio anual aproximado de 2.383 millones de dólares, informó el presidente Evo Morales, quien añadió que la corrupción en ésta y otras instancias del Estado no tendrá inmunidad ni impunidad.
El Presidente y el vicepresidente Álvaro García participaron del acto de aniversario de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) celebrado en instalaciones de un centro de eventos en la zona Sur paceña. El presidente de la petrolera, Carlos Villegas, por su parte, destacó el aporte de la empresa al país.
La administración de Morales nacionalizó en mayo 2006 los recursos hidrocarburíferos y potenció a la estatal petrolera, que tiene presencia en los diferentes eslabones de la cadena productiva del sector. La nacionalización implicó el cambio de participación de las utilidades, siendo el Estado el mayor beneficiario.
Los ingresos para Bolivia entre 2006 a la fecha ascienden a 16.678 millones de bolivianos, que representa “un promedio año de 2.383 millones de dólares”, destacó el mandatario, quien añadió que la capitalización, impulsada en el primero gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, “ha sido un cáncer para la economía nacional”.
Uno de los hechos negativos que marcó este proceso fue el caso de corrupción en el que fue involucrado el entonces presidente de YPFB, Santos Ramirez, quien permanece recluido en la cárcel de San Pedro de La Paz. Es acusado de favorecer a la empresa Catler-Uniservice en la firma de un contrato para la construcción de una planta separadora de gas en Río Grande, Santa Cruz.
De hecho, Morales dijo hoy que este caso, junto a los referéndums autonómicos de 2008 en lo que en ese entonces se llamó la media luna, no lo dejó dormir. Señaló que la corrupción no tendrá inmunidad ni impunidad en su Gobierno y planteó premiar a los trabajadores de la estatal petrolera que denuncien hechos de corrupción respaldados.
Mientras tanto, Villegas destacó el fortalecimiento de YPFB y su aporte económico a la economía nacional, aunque advirtió que las licencias ambientales demoran 18 meses y se convierten en una obstrucción al desarrollo de las diferentes actividades de exploración de hidrocarburos.
Estas licencias, según explicó, deberían tramitarse y aprobarse en seis meses.
