El escándalo desatado con el hallazgo y desarticulación de una presunta red de extorsión que operaba en el Ministerio Público y algunos ámbitos del Órgano Judicial, ha sido ocasión para que el Gobierno plantee, nuevamente, incorporar agentes encubiertos que sirvan a la lucha contra la corrupción. La iniciativa no es nueva, pero tal vez sea el momento de debatirla.
En efecto, el sábado último, en la sesión de interpelación a la que fueron convocados los ministros de Gobierno y de la Presidencia y la Ministra de Transparencia, precisamente para explicar al plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional el caso Extorsión, el Vicepresidente del Estado afirmó que es necesario encarar la reforma estructural del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para anular la posibilidad de corrupción, como la detectada en el caso que se comenta.
Al respecto, el Segundo Mandatario del país explicó que la idea es reducir drásticamente los plazos procesales, explicando que “es en el uso del tiempo que los abogados, jueces y fiscales han montado sus maquinarias de extorsión sobre los inculpados. Necesitamos tiempos que acorten: que en vez de cuatro, en tres meses se acabe un juicio”.
A su vez, el Ministro de Gobierno, en entrevista con este diario, explicó que la incorporación de los agentes encubiertos es otra de las propuestas en la línea de combatir la corrupción de los operadores de Justicia. Según el ministro, el equipo de agentes encubiertos estaría formado por personas con especialidad en Inteligencia operativa y que sean de “probada trayectoria moral”. Esta iniciativa ya había sido anunciada a inicios de mes por el propio Vicepresidente del Estado, refiriéndose a lo dispuesto en la Ley 004, de transparencia y lucha contra la corrupción.
La primera de las iniciativas es no sólo viable, sino sobre todo deseable, pues está sobradamente demostrado que el sistema penal del país adolece de severas limitaciones y defectos, en gran parte debido a que el procedimiento, implementado en 2001, nunca fue aplicado correctamente y también debido a malas prácticas de los administradores de Justicia, comenzando por las endémicas modalidades de soborno y terminando en la lenidad con que actúan las y los jueces dependiendo de quién sea la persona encausada.
La segunda iniciativa, sin embargo, exige un amplio y sereno debate pues, mal mirado, tener agentes encubiertos puede ser un poderoso factor de disuasión, pero al mismo tiempo, es fácil identificar elementos antidemocráticos en semejante tipo de actividad, por no mencionar la enorme posibilidad de que se corrompan en función del poder que tendrían en sus manos. No es, pues, fácil luchar efectivamente contra la corrupción, pero esa dificultad no debe ni puede ser motivo para vulnerar los derechos de todas las personas. El debate merece ser abierto.
