La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó hoy un recurso extraordinario presentado por el Gobierno en el litigio por la ley de medios audiovisuales y confirmó la medida cautelar que impide la plena aplicación de ese norma.
Fuentes judiciales confirmaron a Efe que el Supremo denegó el recurso de «per saltum» solicitado por el Gobierno, que permite al máximo tribunal tomar para sí una causa judicial aún cuando no estén agotadas las instancias judiciales previas.
Asimismo, la Corte ratificó la vigencia de una medida cautelar dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que frena la aplicación de los artículos de la ley de medios audiovisuales que obligan a los grupo a desinvertir en caso de que estén excedidos en el número máximo de licencias de radio y televisión permitido por la norma.
Según las fuentes consultadas por Efe, la medida cautelar, solicitada por Clarín, el mayor grupo de medios de Argentina, estará vigente hasta tanto haya una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad o no de la ley, aprobada hace tres años.
El máximo tribunal contradijo, sin embargo, el criterio de la Cámara de Apelaciones sobre el plazo máximo para la desinversión.
El tribunal de segunda instancia había determinado que el plazo de un año para desinvertir correría a partir de la caducidad de la medida cautelar solicitada por Clarín, una vez que exista una sentencia definitiva en el litigio por la constitucionalidad de ley.
Sin embargo, la Corte consideró que el plazo de un año ha expirado ya, aunque la desinversión estará frenada hasta tanto siga vigente la medida cautelar, indicaron las fuentes consultadas.
El Gobierno argentino había solicitado a la Corte el recurso de «per saltum» el pasado día 19, alegando que el conflicto revestía características de «gravedad institucional».
El Ejecutivo que encabeza Cristina Fernández ya había solicitado un recurso de «per saltum», pero el Supremo también lo denegó, el pasado 10 de diciembre.
El pasado día 14, el juez de primera instancia que entiende en este caso, Horacio Alfonso, determinó que la ley de medios audiovisuales es «constitucional», pero ese fallo fue apelado por Clarín ante la Cámara, que debe ahora expedirse sobre el fondo de la cuestión.
La ley de medios audiovisuales fue impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso argentino en 2009, en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar.
La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.
Clarín considera que la normativa contiene artículos elaborados como «un traje a medida» con el objetivo de «desguazar» al mayor grupo multimedia del país.
