Las deficiencias operativas en la Justicia se reflejan en las estadísticas: hasta noviembre sumaban 598.335 casos pendientes de resolución para 800 jueces y nueve magistrados, una cifra “humanamente imposible” de resolver que se develó en la primera Cumbre Judicial, celebrada en Sucre entre el 10 y 11 de diciembre. En Bolivia, “todos los casos concluyen en el Tribunal Supremo, desde un divorcio, hasta un lío entre vecinos, todos”, señala el abogado Iván Lima. Tal afirmación es tan sólo un ápice de un diagnóstico que llama a un urgente cambio en las arquitecturas judicial y legal del país.
El vicepresidente Álvaro García Linera, quien es presidente de la Asamblea Legislativa, llamó a su cuerpo colegiado durante la última sesión de 2012, a realizar una reforma estructural del Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para mejorar los controles anticorrupción entre los servidores públicos, pero especialmente entre quienes administran justicia.
“En la Asamblea Legislativa debemos trabajar en modificar los códigos procesales de justicia, pero también un gran cambio es modificar el comportamiento de los hombres y mujeres de justicia”, manifestó García Linera.
En este escenario, cuatro miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional fueron consultados sobre cuál debería ser la agenda para 2013 del órgano del Estado del que forman parte, todos mencionaron que las reformas de los códigos judiciales (los cuales todavía no corresponden a la nueva Constitución Política) deben ser parte del plan para el año en curso. Los entrevistados fueron los diputados Galo Bonifaz, del Movimiento Al Socialismo (MAS); Fabián Yaksic, del Movimiento Sin Miedo (MSM); Javier Zavaleta (MSM) y el senador Bernard Gutiérrez, de la opositora Convergencia Nacional (CN).
Para Galo Bonifaz, la agenda legislativa ha quedado “un poco rezagada” el anterior año y lo que toca enfrentar este 2013 “son las normativas referentes a los nuevos códigos que se están trabajando con el Órgano Legislativo desde 2011, para que haya un cambio en la Justicia desde su estructura”.
Este asambleísta se refiere específicamente a los códigos procesales penal, familiar y civil, “que datan de la época de la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978) y no se adecuan a la nueva Constitución Política del Estado (CPE) ni a la nueva visión de país”. Los mismos, remarca, obstaculizan el funcionamiento ágil del Órgano Judicial.
“Ojalá se pudiera cambiar toda la codificación, especialmente la penal, considerando la profunda crisis ética e institucional del Órgano Judicial, al menos ese código debería ser la prioridad; pero para el Gobierno es más importante el clima electoral, lo cual no ayudará a avanzar”, cuestiona Yaksic, a tiempo que confirma que la agenda legislativa de este año debería también modificar el sistema judicial.
Este diputado del MSM no cree que varíe la agenda legislativa “que ha priorizado el MAS y que va en contrarruta a la implementación de la nueva Constitución”. Según las estadísticas que maneja Yaksic, la Asamblea ha aprobado 223 leyes, de las cuales sólo el 10% tiene que ver con la puesta en marcha de la Carta Magna y el grueso involucra a asuntos de gestión o son “declarativas y demagógicas”.
El senador Gutiérrez opina que es “fundamental trabajar en la reforma del sistema procesal civil. El país tiene que dar un salto sustancial en el desarrollo de los procesos de materia civil”. El asambleísta recuerda que en otros países se utiliza el proceso oral en esta materia y se debería apuntar a ese mecanismo. Además, lamenta que los procesos civiles en el país sean “interminables, pueden durar hasta seis años, incluida la Corte Suprema”.
La reforma legal llevada la década pasada “ha servido mucho”, rescata; sin embargo, necesita ajustes en el camino. “Lo que deberíamos encarar con la Asamblea Legislativa es una apertura con el Colegio de Abogados, debates con jueces y fiscales para identificar los aspectos de forma y de fondo que tendría que reformarse para mejorar también el procedimiento penal”.
Zavaleta, diputado afín al oficialismo, manifiesta que los ajustes a los códigos procesales ya están casi listos: el de Familia, el Penal, el de Procedimiento Penal; y el del Niño, Niña, Adolescente. “Si se le da continuidad, este trabajo podría terminarse este 2013”. Igual menciona que hay grandes avances en las leyes de Bancos, de Hidrocarburos, el Código de Trabajo y la Ley Económica (una suerte de norma marco que va a regular la economía).
Otros temas legislativos pendientes, de acuerdo con la óptica de Bonifaz, son las leyes de Inversiones, de Bancos y la Forestal. “Sobre esos temas haremos una agenda en coordinación con los movimientos sociales”. Gutiérrez, en cambio, quiere incluir en la agenda normas que mejoren la calidad de vida de las personas de la tercera edad y la niñez, además de iniciativas legislativas que fortalezcan los sectores privados, pequeño y mediano. Además, arguye que son necesarias las leyes llamadas “orgánicas”, que son como la constitución de instituciones; las más necesarias para este diputado son las del Defensor del Pueblo, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, de Aduanas, de la Contraloría y del Banco Central.
En criterio de la analista política María Teresa Zegada, Bolivia siempre se ha caracterizado por ser una nación donde “se producen muchas leyes”, pero, al mismo tiempo, “no hay una aplicación de las que salen, su impacto es muy bajo. Estos últimos años se han aprobado normas con imprecisiones técnicas. Hay un afán por aprobarlas, pero se descuida su calidad y también su aplicación”. Este año “se seguirá con la misma tónica” —prevé—: saldrán muchas leyes descuidando otros aspectos de la “reinstitucionalización” que vive el país en el marco de la democracia.
