Un paquete de 24 leyes y decretos judiciales debe ser aprobado hasta fin de año por la Asamblea Legislativa Plurinacional para aplicar la nueva justicia en la próxima década, según el plan sectorial presentado ayer en Sucre por la ministra del área, Cecilia Ayllón.
De acuerdo con la propuesta presentada por Ayllón durante la rendición pública de cuentas ante las autoridades judiciales y organizaciones sociales, el Ministerio de Justicia basará su trabajo en seis pilares: el primero referido a la formación de recursos humanos y el segundo a la producción de nuevas normas legales en el país.
El tercer pilar se refiere, según la ministra, a la desconcentración judicial con el objetivo de acercar la justicia al pueblo. El cuarto tiene relación con la parte informática a través de sistemas tecnológicos para mejorar el funcionamiento del sistema judicial. El quinto es la parte económica bajo la responsabilidad de los gobiernos nacional, departamental y municipal y, finalmente, el sexto pilar se refiere al fortalecimiento de la justicia originaria campesina, introducido en la nueva Constitución Política del Estado.
Normatividad. Según Ayllón, el segundo pilar de su propuesta es uno de los principales y está relacionado con la producción de nuevas normas legales, entre ellas hizo mención a los códigos y procedimientos en materia penal, comercial, laboral, civil, de familia, además de los nuevos códigos de Niño, Niña y Adolescente, y la Ley del Adulto Mayor y de Juventudes.
“El objetivo es poner en vigencia plena lo que denomina la Constitución Política del Estado como pluralismo jurídico”, dentro el marco de la aplicación de la nueva justicia en Bolivia, manifestó la autoridad. El plazo para aprobar estas normas es 2013, ya que la Ley del Órgano Judicial establece dos años y uno de ellos ya terminó, expresó la ministra Ayllón durante la rendición de pública de cuentas.
«Hemos informado de la producción normativa que realizó el Ministerio de Justicia en aproximadamente 24 proyectos de ley y proyectos de decretos supremos, muchos de ellos ya fueron promulgados, algunos están en la Asamblea Legislativa y una gran mayoría se encuentra en consideración del gabinete ministerial», informó la autoridad.
“Éste es un plan que pretendemos implementarlo en no más de una década y consideramos que solucionará los problemas de la Justicia”. La directora general de Asuntos Administrativos, Rocío Aráoz, informó por su lado que la ejecución del presupuesto del Ministerio de Justicia de 2012 llegó al 88,64% de un total de 23.702.320 bolivianos.
