A estas alturas no queda razón para pensar que el caso de la red de extorsionadores descubierta en el Órgano Ejecutivo vaya a avanzar más allá de donde ya ha llegado. Esta semana, el Presidente y el Vicepresidente del Estado han decidido que ya es hora de cerrar filas. Como una señal inequívoca de esa voluntad, han amonestado severamente a los “librepensantes” del propio Gobierno que se atrevan a seguir hurgando en el avispero.
“Lacayos” ha llamado el Presidente a quienes intenten pensar con cabeza propia. Todos deben quedarse quietos. Una vez más —como decía un dirigente del PRI mexicano, partido que no en vano gobernó 70 años—, el que se mueve no sale en la foto.
Hay que reconocer, sin embargo, que al tomar la decisión de darle un carpetazo a las implicaciones políticas del asunto, las más altas autoridades del Gobierno han tenido la delicadeza de ofrecer a los medios de comunicación y a la opinión pública, en compensación, otro caso más sabroso incluso que el fracasado fin del mundo con el que se cerró el 2012: los preparativos de Estados Unidos para la invasión militar de Bolivia. Esta imaginaria invasión no hará correr —por suerte— ni una gota de sangre, pero con seguridad hará correr cantidades amazónicas de tinta.
La urgencia del Gobierno tiene sus razones. No hay lugar para pensar que esté dispuesto a arriesgar un alto costo político sólo para encubrir a supuestos delincuentes. El asunto, en realidad, es un asunto de fondo. Es una razón de Estado. La red de extorsionadores es sólo un efecto perverso de dos ideas asumidas por el Gobierno como estrategias para la reproducción del poder: la llamada judialización de la política y la consigna del Poder Total.
Vayamos por el segundo. De su primer mandato —en el que tuvo que afrontar una oposición política parlamentaria y regional muy agresiva que puso en riesgo el curso de la Asamblea Constituyente y con ello la aprobación de la nueva Constitución—, el presidente Morales y los ideólogos de su partido aprendieron una imperativa lección. Para que el proceso de cambio avance es necesario tener el control total del Órgano Legislativo, es decir, los dos tercios de su composición. Y, con el apoyo del voto popular, lo lograron.
Este hecho, de innegable origen democrático, tuvo sin embargo una consecuencia nada democrática: la alineación incondicional del Órgano Legislativo al Ejecutivo. Los reclamos del Presidente a los “lacayos” que quieren pensar con cabeza propia muestran hasta qué punto esa alineación se ha naturalizado en su concepción del poder.
En vista del éxito obtenido —como dicen los publicistas—, los siguientes pasos estaban claros. Se requería también la alineación de los otros poderes u órganos del Estado: el Judicial y el Electoral. Y así se procedió, sin mayor problema.
(Aquí hay que hacer un paréntesis casi anecdótico. El azar es una variable ingobernable para la política. La ahora famosa red de corrupción se descubrió por un accidente. Quién iba a pensar que el actor Sean Penn, en quien el Presidente depositó su más alta confianza al nombrarlo oficiosamente su Embajador, habría de hacer saltar la perdiz. Al Gobierno no le quedó más que hacer reventar el petardo en sus manos antes de que reviente por su cuenta. De este ingrato suceso, sin embargo, los ideólogos del Gobierno también pueden sacar una lección. El Poder Total no será Total sino incluye también a Hollywood.)
Pero volvamos al asunto. La idea del Poder Total, envuelta en una retórica encendidamente revolucionaria, ha encubierto, sin embargo, una práctica que no tiene nada de revolucionaria: la anulación de facto de la separación de poderes, conducta propia de los gobiernos autoritarios. Es decir, la anulación del juego de equilibrios y contrapesos institucionales que evita, precisamente, la concentración del poder en un solo Órgano. Esta construcción democrática de larga data tiene su razón de ser. No se necesita ser politólogo ni astrónomo para saber que la acumulación de poder tiende al abuso de poder.
En este sentido, la red de extorsionadores que se tejió en el Órgano Ejecutivo es una consecuencia —así sea perversa—de la idea y de la práctica del Poder Total. La tentación de convertir los réditos políticos de la intervención del Ejecutivo en la Justicia también en réditos económicos fue incontenible. ¿Es posible que el Gobierno saque alguna lección de todo esto? Al parecer, no. En una etapa declaradamente preelectoral, los “librepensantes” que quieran tener una oportunidad en la continuidad del poder deben tener la boca cerrada. La judialización de la política fue otro recurso que se convirtió en práctica habitual del Gobierno.
Para el presidente Morales y los ideólogos de su partido, el repetido triunfo democrático electoral sobre la oposición no fue suficiente. Sucumbieron a la tentación de su anulación total. Y la vía judicial fue uno de los caminos elegidos. Bajo esta consigna, los órganos del Estado, debidamente alineados por el Poder Total, se convirtieron en una maquinaria de juicios de tres turnos más productiva que Yacimientos y Papelbol juntos.
El caso del senador Pinto —inquilino con contrato sin término fijo de la Embajada de Brasil en La Paz— puso en evidencia hasta qué punto el desacato —figura jurídica de origen colonial y favorita de las dictaduras— se había convertido en delito predilecto del gobierno de la revolución democrática y cultural, desvalorizando por ese mismo hecho cualquier otra acusación posiblemente justificada. Así, el camino para el abuso de poder estaba abierto. La red de extorsionadores no hizo más que recorrerlo impunemente durante años.
