Analistas, políticos y autoridades han presagiado que la distribución de escaños por departamento, considerando el Censo Nacional de 2012, ocasionará “fuertes tensiones regionales”, será “una cuestión bastante compleja”, es muy probable “que se generen conflictos”, además el “tema es delicado, dialogar será clave”. (La Razón: Animal Político 02 dic. 2012). El presente artículo intenta refutar aquella infundada coincidencia. A quienes piensan de aquella manera les presentamos tres argumentos que demuestran lo contrario: la primera razón es histórica, la segunda hace referencia a una coyuntura específica y la tercera tiene relación con el número de personas que se ocupan de la política.
Los argumentos históricos nos llevan a revisar la asignación de escaños en los diferentes periodos democráticos de nuestra historia. Para tal efecto, sugerimos observar y analizar los datos que contiene el cuadro.
Allí, puede advertirse alguna variación importante en el número total de diputados entre un periodo democrático y otro. Durante la democracia excluyente esta variación se refleja no sólo entre un proceso electoral y otro sino que, con excepción de Tarija, en cada uno de los departamentos la asignación de escaños se modificó significativamente. Probablemente, cada una de estas reasignaciones se las hacía según los intereses del partido en función de gobierno pero, por lo que se conoce, ninguna de estas variaciones ha sido objeto de emblemáticos conflictos ni fueron pretexto para encausar revueltas, motines, golpes de Estado y menos alguna revolución.
Después de la Revolución de 1952 se inauguró una democracia incluyente, con voto universal. Comparando con la etapa democrática precedente, en este periodo la composición general de la Cámara de Diputados se alteró un poco, pero la asignación de escaños por departamento se modificó sustancialmente. Se desconoce que tales cambios hayan provocado algún conflicto significativo y menos el golpe de Estado de René Barrientos Ortuño.
En la democracia contemporánea se advierte un incremento en la cantidad de diputados. Considerando esta información, se efectúa una nueva distribución de diputaciones por departamento, la vigencia de esta asignación se prolongó hasta 1997. En este año, aprovechando la inclusión de la elección de diputados uninominales, se efectuó otra distribución de escaños por departamento. La validez de esta asignación se extendió hasta las elecciones de 2005, año en que se implementó otra modificación en la otorgación de diputados a cada departamento. Estas alteraciones no fueron traumáticas ni causaron grandes conflictos, ciertamente algunos departamentos ganaron escaños y otros perdieron, pero otros fueron los motivos por los que Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que huir del país y otras fueron las razones por las que Carlos Mesa dejó la presidencia. Así, históricamente los cambios en la distribución de diputados por departamento no generaron grandes conflictos.
El segundo argumento es más coyuntural y específico, guarda relación con la distribución de escaños departamentales durante las Elecciones Generales de diciembre de 2005. En esta ocasión, la brigada parlamentaria de Santa Cruz presentó, ante el Tribunal Constitucional, una demanda en sentido de que se debe realizar una nueva asignación de escaños por departamento de acuerdo con el crecimiento poblacional reportado por el Censo Nacional de 2001. Esta solicitud generó algún pequeño conflicto porque se la hizo en pleno proceso electoral además que se amenazó con no participar en las elecciones; sin embargo, dicha demanda se resolvió con la promulgación del Decreto Supremo 28429 del 1 de noviembre de 2005, según el cual se efectúa una nueva redistribución de escaños por departamento. Conforme la nueva distribución de escaños, los departamentos que perdieron diputados fueron La Paz (2); Potosí (1); y, Oruro (1); en cambio, los que ganaron resultaron ser Santa Cruz (3), y, Cochabamba (1). El conflicto en torno a esta temática no empañó el proceso electoral, no afectó ni comprometió a ningún sector social, no se desataron acciones violentas y, finalmente, lo más destacado, es que las regiones aceptaron con docilidad la nueva distribución de escaños. Con seguridad, efectuar la asignación de escaños en un año no electoral, como es 2013, con seguridad no arrastrará importantes conflictos.
Adicionalmente, conforme algunas encuestas realizadas en nuestro país, sólo una de cada diez personas se interesan por la política partidaria; este porcentaje es aún menor cuando se trata de participación política activa. Pero, con todo, esto muestra que el quehacer político es preocupación de un reducido porcentaje de personas; la gran mayoría, con certeza, está perturbada por otros asuntos como el empleo, la seguridad ciudadana, etc. A partir de este dato se puede deducir que una proporción minoritaria de ciudadanos estarán empeñados en generar algún “conflicto” en torno a la distribución de escaños por departamento; no obstante, es muy probable que la gran mayoría de personas le dé la espalda a este tema. Al común de los ciudadanos no le interesa cuántos diputados se eligen ni como se eligen, éste es un asunto técnico que inquieta sólo a los políticos.
Así, hemos intentado demostrar que la distribución de escaños por departamento no desembocará en catastróficos conflictos.
