El Ministerio Público demandó a la Cancillería la contratación de un bufete de abogados estadounidenses, además de un presupuesto extraordinario para iniciar y continuar con los trámites de extradición de Estados Unidos a territorio boliviano del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
El fiscal superior Orlando Riveros explicó que al margen de los trámites diplomáticos, se requiere que abogados norteamericanos ejecuten toda la estrategia jurídica boliviana con base en las leyes estadounidenses y que, además, se disponga de recursos adicionales para cubrir todos los gastos que demande la extradición.
Riveros puso como ejemplo lo sucedido durante el primer trámite de extradición. En ese tiempo se tardó varios meses en pagar al traductor un monto que ascendía a $us 50 mil. “Hemos pedido al señor Canciller que considere la posibilidad de tramitar un presupuesto extraordinario para este tipo de gastos que son inherentes a este tipo de trámites”, expresó.
En pasados días, Riveros se reunió con personeros de la Cancillería para analizar la estrategia boliviana respecto a la extradición de Sánchez de Lozada. Durante este mes, habrá otra reunión con participación de las víctimas de octubre de 2003, representantes de la Fiscalía General y personeros de los ministerios de la Presidencia y de Gobierno.
Actualmente, el Tribunal Supremo de Justicia espera la notificación oficial y la traducción de parte de la Cancillería del documento de rechazo emitido por EEUU. A partir de ese trámite, el Tribunal, en Sucre, asumirá nuevamente competencia y remitirá los antecedentes a la Fiscalía, que ya alistó el memorial para retomar el caso.
