El Ministerio Público cerró la primera etapa de la investigación en el caso Extorsión denunciado por el estadounidense Jacob Ostreicher y ahora está a la espera de informes periciales que permitan establecer nuevos elementos en la investigación para continuar con más declaraciones.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que se espera los informes de la Unidad de Investigaciones Financieras sobre el movimiento de las cuentas bancarias de los involucrados; además se pidió otro informe a la oficina de Derechos Reales para conocer la propiedad de bienes inmuebles.
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) también envió peritos a la ciudad de Santa Cruz para analizar los equipos de computación y teléfonos celulares de los acusados. Guerrero dijo además que se ha solicitado a las telefónicas un extracto sobre el registro de las llamadas que habrían realizado los involucrados.
Declaraciones. La autoridad adelantó que la próxima semana convocarán a más testigos, una vez que analicen la información que surja del trabajo de los fiscales. Por otra parte, informó que se pidió a la Cancillería la traducción oficial de la declaración de Maximiliano Dorado, detenido en Brasil y que está involucrado en este caso.
Con base en las declaraciones y el avance del proceso investigativo, Guerrero estimó que el Ministerio Público está en condiciones de cerrar este caso en las primeras semanas de febrero, para luego continuar con la acusación y los pasos legales que se requieren hasta llegar a una sentencia.
La red de extorsión fue descubierta en noviembre luego de que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentara públicamente el hecho. La Justicia ordenó la detención de diez personas involucradas. Respecto a su ausencia en la Asamblea Legislativa, Guerrero explicó que fue por motivos formales y que está dispuesto a informar del caso.
