El Gobierno confió hoy en lograr un acuerdo que fije un «justo precio» por las cuatro filiales de la eléctrica española Iberdrola nacionalizadas en diciembre pasado.
«Confiamos en que vamos a sentarnos a trabajar en la mesa para definir los términos de las indemnizaciones», dijo el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, en una rueda de prensa hoy, cuando está previsto que ejecutivos de la compañía se reúnan en La Paz con el Gobierno de este país para tratar sobre la expropiación.
El vicepresidente, además presidente del Congreso, declaró que Bolivia siempre ha negociado con las compañías extranjeras cuyas filiales han sido nacionalizadas y no tiene por qué ser distinto en el caso de la eléctrica española.
La negociación requerirá varias reuniones, a lo que se suma la tasación de las empresas a cargo de una consultora independiente «para sacar el justo precio que corresponde indemnizar a la empresa nacionalizada», afirmó el vicepresidente.
«En algunos casos ha habido, más bien, empresas que adeudan al Estado; en otros casos, hay que pagar. Es la ruta propia de cualquier nacionalización», sostuvo el vicepresidente boliviano.
La delegación española en La Paz está encabezada por el director de Iberdrola para América Latina, Gonzalo Pérez, acompañado por ejecutivos de la empresa llegados desde España.
Los representantes de eléctrica fueron recibidos hoy por el embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez, y en las próximas horas se reunirán con el ministro de boliviano de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa.
El presidente boliviano, Evo Morales, decretó a finales de diciembre la expropiación de las cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia, entre las que figuran las mayores distribuidoras de electricidad de las regiones de La Paz, Electropaz, y de Oruro, Elfeo.
Morales justificó la medida en que la firma no quiso hacerse cargo de la distribución de energía en las áreas rurales de esas regiones, lo que incrementó notablemente el coste de ese servicio, que además es de peor calidad en el campo respecto a las ciudades, siempre según el Ejecutivo.
Iberdrola no ha hecho ninguna estimación sobre el precio de sus filiales y sólo ha apuntado que el negocio en Bolivia le suponía alrededor del 0,2 % de su negocio total, aunque fuentes del mercado calculan que su valor podría ascender a unos 100 millones de dólares.
El decreto de expropiación recoge que Iberdrola debe ser compensada en un plazo de seis meses, previa valoración de las cuatro firmas a cargo de la consultora designada por la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).
