Bolivia y la constructora brasileña OAS llegaron a un acuerdo de indemnización por la cancelación de un contrato millonario para la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, que es resistida por un grupo de indígenas porque su trazo apunta a pasar por medio del TIPNIS, informó la página digital infolatam.com.
“El Gobierno boliviano y OAS llegaron a un acuerdo sobre el monto de las indemnizaciones recíprocas que debían ser pagadas», informó la superintendente de comercio exterior del estatal Banco Nacional de Desarrollo Social brasileño (BNDES), Luciene Machado.
No fue revelado el monto de la indemnización, aunque se señaló que es el resultado de un diálogo de año y medio, según la nota publicada por la página digital infolatam, que tiene origen en Reuters.
OAS firmó en 2008 el contrato con el Gobierno para construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en tres tramos. El I y III estaban en construcción, mientras que las obras en el II —que pasa por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)— estaban suspendidas a raíz de la promulgación de la ley de protección del parque.
En abril de 2012, el propio presidente Evo Morales anunció la anulación del contrato con la empresa brasileña con el argumento de incumplimiento en los plazos de avance de obras. La obra estaba financiada con recursos del BNDES de Brasil.
El contrato fue disuelto en medio de un conflicto con los indígenas liderados por Adolfo Chávez y Fernando Vargas, que rechazaban la construcción de la carretera interdepartamental por medio de la reserva del TIPNIS. El Gobierno impulsó una consulta que, según la administración de Evo Morales, dio curso a la vía por medio del parque.
De hecho, en octubre de 2012, el Ejecutivo firmó el contrato de construcción del tramo I de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que comprende 47 kilómetros desde Villa Tunari hasta lsinuta. Serán dos empresas nacionales (AMBI y PBC) las que se encargarán de construir ese tramo y el costo de la misma será de 32,5 millones de dólares.
«Desde el punto de vista de financiamiento no hubo ninguna repercusión, porque no hubo desembolsos», dijo la ejecutiva, según la nota publicada en infolatam.com.
En abril del 2012, el Gobierno aseguró que no existe razón técnica o legal que obligue al país a pagar al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) por la decisión de dejar sin efecto el contrato con la empresa brasileña OAS.
«Hasta el día de hoy Bolivia no ha recibido un solo dólar del Bndes, hay un contrato de crédito de más de $us 350 millones, pues bien, no hemos recibido un dólar todavía; entonces, lo que habría que devolver al Bndes es cero. La contraparte que ha dado el Estado a través de ABC a OAS suma $us 16 millones, de los $us 83 millones. De esos $us 16 millones, $us 7,5 millones la ha entregado la ABC, lo ha hecho amparado en la ley de protocolo de financiamiento», explicó en ese entonces el vicepresidente Álvaro García.
