El Tribunal Constitucional (TCP) determinó que el proceso sobre la muerte del subteniente Gróver Poma continúe en la justicia ordinaria y no en la militar. Además, exhortó a la Asamblea Legislativa sustituir las leyes castrenses aprobadas en dictadura.
El presidente de ese tribunal, Ruddy Flores, hizo conocer ayer el contenido de la sentencia 2540/2012 emitida el 21 de diciembre de 2012, mediante la cual define la competencia del TCP para conocer conflictos de competencia entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción penal militar.
Uno de los argumentos de la sentencia señala que la justicia ordinaria va a tomar conocimiento de las acciones cuando el hecho delictivo fue planificado. “Es decir que si se utilizan los recursos de la institución y el uniforme para encubrir un hecho delictivo y se violen los derechos humanos, los tribunales militares no son los que investigan”. Flores explicó que, en ningún caso, cuando se trate de graves violaciones a los derechos humanos podría señalarse que la justicia militar es competente.
En ese marco, dijo que la instrucción militar es parte de las funciones de las FFAA y las mismas tienen una función y un fin. “Esas funciones y fines no comprenden la violación de los derechos humanos y fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, consecuentemente, cuando transgreden esos derechos humanos corresponde a la justicia ordinaria su investigación”, remarcó la autoridad.
La sentencia declara competente al Juez 1° de Instrucción en lo Penal de Yacuiba, en el departamento de Tarija, para proseguir con el control jurisdiccional de la causa suscita por el fallecimiento del subteniente Gróver Beto Poma Guanto.
El militar falleció el 9 de febrero de 2011, dos días después de ser golpeado en un curso de la Escuela de Cóndores. A partir de ese hecho, el tribunal castrense abrió un proceso para juzgar a tres oficiales, mientras que por la vía ordinaria también se lleva adelante otro proceso. La justicia militar abrió procesos penales a los acusados Ruddy Gerardo Flores, Franz Eduardo García y Jorge Castro Ureña.
Por otra parte, el TCP, en su parte resolutiva, “exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a sustituir normas penales militares aprobadas en el Decreto Ley 13321 del 22 de enero de 1976, conforme a estándares consagrados en la Constitución Política del Estado Plurinacional y en los tratados de derecho internacional sobre derechos humanos”.
Un padre clama justicia
El 21 de marzo de 2012 el padre de Gróver, Andrés Poma, ingresó a la plaza Murillo al mando de un taxi blanco para exigir a la justicia ordinaria que esclarezca el caso o, de lo contrario, amenazó con hacer justicia con mano propia. No era la primera vez que irrumpía en ese lugar antes amenazó con inmolarse.
Un año después de la muerte
El 9 de febrero de 2012 el defensor del Pueblo, Rolando Villena, se comprometió a hacer un seguimiento riguroso al caso de la muerte del subteniente Gróver Poma Guanto y demandó celeridad en las investigaciones. “Conmino al Estado boliviano, en especial al Ministerio Público y al Órgano Judicial”, dijo.
Defensor celebra decisión
La Defensoría del Pueblo calificó como histórico el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que resuelve el conflicto de competencias sobre el caso Poma. A través de una nota de prensa, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, recordó que esa instancia, en mayo de 2011, emitió un informe en el que recomendó que el Tribunal Permanente de Justicia Militar se inhiba del conocimiento del caso Poma y remita obrados a la jurisdicción ordinaria.
“La Defensoría saluda este histórico fallo destacando la firme determinación del TCP de cumplir adecuadamente su rol de guardián de la Constitución”, señala el comunicado, que también pondera la lucha de la familia Poma para lograr este fallo.
