Con el voto de los nacionalistas catalanes e independentistas, el Parlamento de Cataluña aprobó una declaración para realizar una consulta popular sobre la autodeterminación que esta región del noreste de España pretende celebrar en 2014.
Por 85 votos a favor y 41 en contra, mayoritariamente de socialistas (PSC) y conservadores del PP catalán, la declaración abre un proceso para hacer efectivo el “derecho a decidir” en una consulta popular sobre el futuro de Cataluña, a la que define como “sujeto político y jurídico soberano”.
Según la Constitución española, como insisten el Gobierno español (PP) y los socialistas del PSOE, la mayor fuerza de la oposición, las instituciones autonómicas de Cataluña no tienen competencia para convocar un referéndum.
El ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José García-Margallo, aseguró que el Gobierno no permitirá “nunca” una consulta que no se ajuste a la legalidad, y tachó la declaración del Parlamento catalán de “retórica y sin efectos jurídicos”.
Advirtió además de que cualquier decisión de secesión sería una declaración unilateral de independencia que no sería aprobada por la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, y causaría a Cataluña un daño “inmenso”, añadió al referirse a algunos estudios que pronostican que el PIB de la región caería hasta en 20%.
