El Ministerio de Gobierno se declaró en emergencia por los accidentes en carretera que segaron 95 vidas y dejaron heridas a 303 personas en 25 días de enero y decidió constituirse en denunciante para sancionar judicialmente a los responsables.
“Nuestros abogados están terminando la redacción de los memoriales. Nos constituimos en parte denunciante para que sean sancionados penalmente quienes resultaren responsables de los accidentes ocurridos en los últimos días, para que asuman su responsabilidad penal y civil”, dijo el ministro Carlos Romero.
Anunció además tres medidas preventivas de aplicación inmediata y presentó un proyecto de decreto que permitirá la creación del Sistema de Monitoreo Vehicular para buses de transporte público interdepartamental de pasajeros (Sismove) a través de dispositivos de geolocalización satelital (GPS).
La autoridad se presentó a los medios acompañado de dirigentes campesinos, de la central obrera, interculturales, bartolinas y otros que dieron su respaldo al conjunto de medidas dirigidas a reducir los accidentes ocasionados por impericia, imprudencia o negligencia de choferes y empresas de transporte.
“Nos hemos declarado en emergencia alarmados por la cantidad y magnitud de los accidentes”, dijo Romero, quien destacó que de los 20 accidentes ocurridos en los primeros 25 días de enero, en 15 se vieron involucrados vehículos del transporte público de pasajeros.
Sin embargo, la alta tasa de letalidad en las carreteras en Bolivia no es de ahora. Por día tres personas murieron en accidentes en las caminos y carreteras en 2012 y 14 resultaron heridas, según datos de Tránsito. En algunos casos dejaron a los heridos con lesiones irreversibles, que les condenan a la discapacidad permanente. “Es una situación dantesca”, destacó.
La primera de las medidas preventivas anunciadas por Romero es la habilitación de la línea gratuita 800-100-004 —que ya está en funcionamiento—, a la que los viajeros pueden denunciar si el chofer está bebiendo, si conduce con exceso de velocidad o si sobrecarga el vehículo con pasajeros, entre otros.
La central telefónica se halla en la cartera de Gobierno y el ministro comprometió una respuesta inmediata a cada denuncia. La apertura de buzones de denuncia en las terminales terrestres de los nueve departamentos es la segunda medida. Las quejas permitirán adoptar las medidas administrativas o jurídicas que correspondan contra los operadores (empresas).
“Hemos instruido al Viceministro de Seguridad Ciudadana, en coordinación con el Comando Nacional de la Policía y el Viceministerio de Transportes, que desarrolle megaoperativos de control en terminales y retenes considerados estratégicos”, dijo en referencia a la tercera medida.
Sin embargo, la solución de fondo es la creación del Sismove-GPS, ya que según la evaluación gubernamental las leyes que sancionan la conducción peligrosa e imprudente “no están teniendo efectividad y están siendo vulneradas”. Por ello, el Gobierno remitió ayer a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) el proyecto de decreto.
“Ojalá pueda aprobarse rápidamente en la reunión de gabinete la próxima semana”, dijo. La base del Sismove-GPS es la dotación gratuita de 2.000 dispositivos que serán instalados de manera progresiva en buses de transporte interdepartamental. Con carácter excepcional se incluirá a vehículos del transporte interprovincial que se ven obligados a recorrer la “carretera de la muerte” a Yungas. Romero anunció su intención de consensuar el decreto con empresas y conductores.
El Sismove permitirá un control en tiempo real
El Sistema de Monitoreo Vehicular (Sismove) para buses de transporte público interdepartamental de pasajeros, a través del sistema de geolocalización satelital (GPS), permitirá efectuar un control en tiempo real y actuar de inmediato, explicó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
El sistema —que esa cartera prevé poner a funcionar en alianza con Entel— estará acompañado de cámaras de seguridad instaladas en retenes y controles de peaje autorizados, hojas de ruta electrónicas, que tendrán datos del vehículo y del chofer entre otros, y agentes encubiertos.
Su carácter es preventivo, ya que permitirá hacer el monitoreo desde un Centro Nacional instalado en el Ministerio de Gobierno, y centros remotos en las terminales de buses, y el registro del movimiento de los buses y su velocidad. “Ese registro será automatizado y no tendrá posibilidades de ser manipulado”, explicó.
Moderno. Además tendrá un carácter coercitivo. Sus reportes servirán para evaluar a los operadores e imponerles sanciones administrativas o judiciales. Si se producen accidentes, desde el Centro de Monitoreo se desplazará a la Policía para constatar, intervenir y auxiliar, y si el conductor pasa los límites de velocidad, se notificará a los puestos de control más próximos de la Patrulla Caminera para que intervenga.
La hoja de ruta electrónica tendrá el registro del número de Tarjeta Operación, licencia del conductor, sus datos, número del Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito, roseta de inspección y listado de pasajeros, hora de salida; permitirá controlar las horas al volante del chofer.
Hay buses 2012 con cinturón en los asientos
Los buses modelo 2012 tienen incorporados los cinturones de seguridad en cada unos de los 55 asientos y las empresas Coral y Copacabana ya cuentan con algunas unidades, observó La Razón en la terminal.
Los modelos anteriores sólo tienen cinturón de seguridad para el conductor, el ayudante y el asiento 53, explicaron choferes y representantes de las empresas de transporte que pidieron no ser identificados. “De la fábrica vienen así y hacer colocar estos cinturones en todos los asientos nos cuesta unos $us 5.000, es mucha plata”, dijo uno.
Sin embargo, en Europa desde 2002 se comenzó a usar este accesorio de seguridad. En Chile es una obligación desde abril de 2011 y se aplica a buses del transporte público fabricados de 2008 en adelante. Sobre el cinturón, los consultados admitieron que no lo usan por olvido, falta de costumbre y para no ser criticados por sus colegas quienes dirían que son farsantes.
Los más de 150 “surubíes” —vagonetas de transporte de pasajeros — tienen instalados los cinturones de seguridad, pero según los choferes sólo los extranjeros lo utilizan pese a la velocidad que imprimen y a los accidentes que ocasionan. Los pasajeros bolivianos no, “no tenemos esa costumbre, y tampoco la Policía exige su uso”, dijo un chofer que se identificó como Roberto.
