La colectividad judía argentina, la mayor de América Latina, rechazó el lunes el acuerdo firmado entre Argentina e Irán para formar una comisión de la verdad por el atentado antisemita a la mutual AMIA en 1994, que dejó 85 muertos y de cuya autoría intelectual Buenos Aires había acusado a Teherán.
«La conformación de una ‘Comisión de la Verdad’, que no está contemplada por las leyes argentinas que regulan el proceso penal, implicaría una declinación de nuestra soberanía (…)», indicaron la AMIA y la DAIA, las dos mayores representaciones de esa comunidad en Argentina.
Argentina firmó el domingo un acuerdo con Irán en Etiopía para crear una comisión independiente para investigar el atentado con bomba de 1994 en Buenos Aires contra el centro judío AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), por el que reclama extraditar a ocho iraníes.
Israel reaccionó este lunes con «sorpresa» y «decepción» por el entendimiento, mientras que Estados Unidos adoptó una postura más cautelosa al señalar que esperará los resultados del trabajo de la comisión independiente.
«Siempre hemos querido que los perpetradores (del atentado) fueran enjuiciados. Si el gobierno argentino cree que esto nos va a acercar a ello, bueno, vamos a esperar», señaló la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland en rueda de prensa.
De su lado, la cancillería israelí dijo en un comunicado que el embajador argentino será convocado «a fin de que aporte explicaciones sobre la iniciativa de su gobierno».
En su pronunciamiento contra el acuerdo, las entidades judías locales señalaron que «ignorar todo lo actuado por la Justicia argentina y reemplazarlo por una Comisión que, en el mejor de los casos, emitirá, sin plazo definido, una ‘recomendación’ a las partes, constituye, sin dudas, un retroceso en el objetivo común de obtener justicia».
Según el acuerdo firmado el domingo en Addis Abeba por el canciller argentino, Héctor Timerman, y su homólogo iraní, Ali Salehi, los iraníes acusados podrán ser indagados en Teherán por el fiscal y el juez de la causa que se lleva adelante en el país sudamericano.
La embajada de Israel en Buenos Aires fue blanco de un atentado en 1992 con un saldo de 29 muertos y 200 heridos, dos años antes del ataque perpetrado contra el edificio de seis pisos de la AMIA ubicado en un barrio comercial de la capital argentina.
Por el atentado contra la AMIA, Buenos Aires reclama desde 2006 la extradición de ocho iraníes, entre ellos el actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, el expresidente Alí Rafsanjani (1989-1997) y el excanciller Alí Akbar Velayati, todos ellos con orden de captura internacional avalada por Interpol.
La AMIA, que nuclea a las instituciones de la colectividad judía, y la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina), su brazo político, recordaron que Interpol, tras las presentaciones realizadas por fiscales argentinos de la causa, resolvió que «las pruebas eran suficientes y aptas para requerir las capturas».
La Comisión de la Verdad estará integrada por juristas independientes que no podrán ser ciudadanos de ninguno de los dos países.
«Cualquier Comisión a crearse no puede tener otra función que la de controlar o fiscalizar la legalidad de las indagatorias», respondieron la AMIA y la DAIA sobre el acuerdo entre Buenos Aires y Teherán, que debe ser aprobado por ambos Congresos.
Argentina e Irán abrieron en octubre negociaciones en la sede de la ONU en Ginebra para resolver las acciones judiciales pendientes en la investigación del atentado.
El gobierno iraní niega cualquier participación en el atentado y ha rechazado los cargos de terrorismo contra sus ocho ciudadanos requeridos, negándose a cumplir las órdenes de captura libradas por Interpol, lo que ha mantenido la causa judicial paralizada por años y sin detenidos.
La colectividad judía de Argentina es la más numerosa de Latinoamérica con 300.000 personas.
