El presidente Evo Morales promulgó la ley de Delimitación de Unidades Territoriales que dispone de la conciliación y el referendo para resolver conflictos limítrofes a nivel municipal, mientras que en el caso de irresolución de líos departamentales éstos pasarán al Tribunal Supremo de Justicia. Se calcula la existencia de 136 conflictos de límites.
La ley aprobada reemplaza a la ley de Unidad de Unidades Político Administrativas (UPAs) vigente desde de 2000 y que entregaba el análisis y solución de los diferendos limítrofes a equipos técnicos, mientras que ahora se apuesta a una solución entre las partes en conflicto, ya sea en la etapa de conciliación o en el referéndum que se reducirá a la zona-lío.
Según datos del Ministerio de Autonomías, en el país existen 136 conflictos; de ellos, sólo dos son por límites departamentales: entre Santa Cruz y Cochabamba, y entre Oruro y Potosí. Los otros 134 son entre municipios. En el caso de los municipios, la ley especifica que las direcciones de límites de las gobernaciones promoverán la conciliación; de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al referéndum, que permitirá que las comunidades involucradas voten para decidir a qué municipio quieren pertenecer.
De darse la consulta, no participará todo el municipio, sino únicamente las localidades inmersas en el conflicto. Al tratarse de un tema técnico-administrativo, deberán participar instituciones técnicas, como los institutos Geográfico Militar, Nacional de Reforma Agraria y Nacional de Estadística.
En los conflictos entre departamentos, la conciliación estará en manos del Ministerio de Autonomías y si no se llega a un convenio, a iniciativa de una de las partes, el caso será analizado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Morales explicó en el acto de promulgación que muchos de esos problemas son utilizados con fines políticos, económicos y e incluso para eludir responsabilidades en materia de hechos de corrupción y mala gestión. “Cuando hay intereses, jamás se van a resolver (estos problemas)”, sostuvo y añadió que frente a ello la respuesta es que la población se involucre.
La presidenta del Senado, Gabriela Montaño, convocó a los municipios con problemas a privilegiar la conciliación para acabar con los conflictos que, incluso son arrastrados desde los inicios de la república.
Para el presidente la ley de Participación Popular, que establece la entrega de recursos económicos por número de habitantes, agravó los problemas.
